La Diputación de Burgos tardó casi dos años en adjudicar su servicio más importante en términos económicos, y probablemente también sociales, el de la ayuda a domicilio, una demora que le costará 332.981,53 euros más los intereses legales. La Sala de lo Contencioso Administrativo de Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León enmienda una resolución de primera instancia y reconoce a Azvase el derecho a cobrar la hora al precio por el que se adjudicó a la nueva empresa y no por el que firmó con ella en un contrato que ya estaba prescrito. La diferencia asciende a 0,55 euros la hora, durante casi dos años.

El contencioso no atañe a la actual prestataria del servicio, Clece, ni a la anterior, Valoriza (Sacyr Social), sino a la empresa que precedió a ambas y que estuvo a cargo hasta octubre de 2018. Desde el 1 de diciembre de 2016 lo hizo «sin contrato que sirviera de cobertura a su prestación y en base a precios que resultaban aplicables a un contrato celebrado en julio de 2015», recalcan los magistrados, que consideran que «es evidente que se ha quebrantado el principio de buena administración» por parte de la Diputación, que aplicó precios de un contrato extinguido y que además habían perdido su vigencia, tal y como reconoce la propia institución provincial al realizar un estudio económico para el año 2017 y calcular un coste superior a lo que les estaba pagando a la recurrente.

La empresa siguió prestando el servicio «sin protesta y objeción alguna respecto del precio» hasta que conoció que no iba a ser adjudicataria del nuevo contrato, lo que «no es obstáculo» según los magistrados del TSJ, para reconocer que trabajó «sin solución de continuidad durante casi dos años», aplicando precios no actualizados. La diferencia de la hora asciende a 0,55 euros, cifra que multiplicada por el tiempo facturado arroja la cantidad final a pagar por la Diputación, más los intereses legales desde que se ha dictado la sentencia.

En una primera sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Burgos desestimó la reclamación de Azvase porque, entre otros motivos, consideró que no había acreditado «la existencia de un enriquecimiento por parte de la administración demandada ni el correlativo empobrecimiento que sufrió», y que los más de dos años que tardó en reclamar, aunque están dentro del periodo de prescripción de los 15 años «no son lógicos, desde el punto de vista de la buena fe, para una empresa que ha sufrido perjuicios por importantes como los reclamados. Además, reseñaba el Juzgado que la prestación «sin ningún tipo de cobertura» durante tanto tiempo del servicio de ayuda a domicilio se trata de un comportamiento por parte de la administración que «no puede ser objeto de alabanzas» pero tampoco comportar una sanción.