El esqueleto en el que quedó el proyecto regional del Hangar de las Artes, impulsado por la Junta de Castilla y León, sigue inalterable en Miranda pese al paso del tiempo. Hace más de diez años que esta iniciativa educativa quedó sin completarse, solo con 35% de la obra ejecutada, pero la administración regional «ha empezado a dar los primeros pasos para darle una utilidad», indica la procuradora del PP Inmaculada Ranedo. 

Los responsables regionales quieren dar una segunda vida a este espacio, para el que piensan en una actividad de carácter social. Para conseguirlo, la representante popular apunta que están abiertos a «cualquier proyecto que sea viable». Por este motivo, aunque no de una manera oficial, «se están empezando a mantener conversaciones» con alguna entidad que pueda encargarse de la gestión, aunque la Junta primero tendría que terminar de construir del futuro edificio, que habría que adecuare al nuevo uso.

Ranedo reconoce que sí que hay un colectivo que ha llamado a la puerta de la administrador regional. Se trata de Aspodemi, grupo que en Miranda ya trabaja con el Ayuntamiento para la atención de las personas con discapacidad intelectual, por lo que esta asociación encajaría dentro del uso social que se quiere dar al espacio pensado inicialmente para el Hangar de las Artes.

Al margen de la utilidad que se le dé, la procuradora admite que para convertir en realidad la futura instalación, la administración regional también «está estudiando en estos momentos formas jurídicas para poder hacerlo realidad de la mejor manera posible». En cualquier caso, para finalizar la fase de estudio hay que encontrar una nueva utilidad y por este motivo «hay que insistir en que la Junta está abierta a cualquier tipo de proyecto beneficiosos para el futuro de las personas de Miranda».

La intención de quitar del cajón de los asuntos pendientes el Hangar de las Artes surgió de una manera más firme en las últimas elecciones, ya que fue uno de los compromisos con los que inició la campaña el Partido Popular. Esto hizo que la primera intención fuera acabar durante esta legislatura la construcción y la puesta en marcha del futuro servicio, aunque la incidencia del coronavirus ha hecho que los plazos ahora estén más difuminados.

«No hay ninguna temporalidad establecida», reconoce Ranedo, que asume que el proyecto sufrió un frenazo el año pasado con el inicio de la pandemia, justo cuando empezó la fase de estudio.  Este es el motivo por el que la idea de concluir la nueva apuesta en esta legislatura no esté del todo clara, ya que «el proyecto está en proceso de germinación por lo tanto le queda mucho por hacer porque son muchos los factores que intervienen». En el esqueleto que todavía queda en pie, la Junta invirtió 800.000 euros de los 2,3 millones previstos.