Caen un 90% las solicitudes de descalificaciones de VPO

J.D.M.
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En San Juan de los Lagos hay una decena de pisos a la venta que han quedado 'liberados' al extinguirse la protección. - Foto: Luis López Araico

El Servicio Territorial de Fomento recibió 43 peticiones en 2008 y tan solo cuatro el año pasado (hasta octubre). Durante el 'boom' inmobiliario se hacía negocio con la transacción de este tipo de pisos

El mercado inmobiliario en la provincia vuelve a moverse después de años de paralización del sector tras el estallido de la burbuja. Algunos indicadores, como las transacciones de viviendas (tanto nuevas como usadas), así lo reflejan. Según el último balance anual del Colegio de Economistas de Burgos, hasta el pasado mes de septiembre se realizaron 3.217 compraventas, el mejor registro desde 2009. Nueve de cada diez de estas operaciones, además, correspondían al mercado de segunda mano. Sin embargo, estos datos, correspondientes a la vivienda libre, distan bastante de lo que ocurre con la protegida. 
«La VPO hoy ya no es especulativa», indican desde el Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León. Las cifras de descalificaciones lo demuestran, con un descenso del 90 por ciento en el número de solicitudes en la última década: de 43 en 2008 a tan solo cuatro en los primeros diez meses de 2018.
Con el ‘boom’ inmobiliario, hace más de una década, se ‘disparó’ la «picaresca» en la compraventa de VPO porque hubo quien adquirió pisos de este tipo para de inmediato solicitar su descalificación y hacer negocio con la venta. Resultaba «muy beneficioso», a pesar de tener que devolver las ayudas obtenidas para su compra, porque la vivienda en el mercado libre alcanzaba un precio muy superior a la tasación inicial. «Compensaba, pero actualmente no», reconocen fuentes del Servicio Territorial de Fomento, porque los planes de vivienda posteriores fueron «más rigurosos» con el propósito de evitar la mercantilización. 
La normativa vigente entre 2002-2005 supuso un «punto de inflexión», no pudiéndose descalificar viviendas hasta transcurridos 15 años; con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprobó el Plan Estatal 2005-2008, la protección se alargó durante toda la vida útil de la vivienda (30 años); y a partir de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, se volvió a bajar la calificación hasta los 15 años. 
Hoy, las condiciones son «más laxas», admiten desde el Servicio Territorial de Fomento, y una ley posterior de medidas urgentes en materia de Vivienda, permite la descalificación a los 10 años desde el otorgamiento de primera ocupación para contribuir a la comercialización de los excedentes acumulados de VPO. Aún así, el volumen de permisos solicitados y concedidos es escaso. 
La descalificación de viviendas protegidas anula las limitaciones a las que está sujeta una VPO por haber recibido ayudas públicas para su adquisición. Puede obtenerse por el transcurso del tiempo establecido con la extinción de su régimen legal o en determinadas ocasiones por solicitud del titular de la propiedad una vez haya transcurrido el plazo que establezca el Plan de Vivienda al que esté acogida. 
Para obtener la descalificación, una vez admitida y aceptada la solicitud por la Comunidad Autónoma correspondiente, se deberán devolver las ayudas públicas recibidas por parte de la Administración General del Estado, de la propia región y del pertinente Ayuntamiento, además de los intereses legales correspondientes, calculados desde el momento de la percepción de las ayudas. En algunos casos, explican desde el Servicio Territorial de Fomento, las cantidades a devolver pueden alcanzar los 12.000-15.000 euros, por lo que muchas de las personas que consultan la situación de su VPO prefieren esperar al final de la protección para disponer de la vivienda libre. 
límites a Vender o alquilar. En cualquier caso, una vivienda de protección oficial se puede vender durante el periodo de protección siempre y cuando el comprador cumpla unos requisitos establecidos por cada Comunidad Autónoma y a un valor máximo indicado por el propio organismo competente.