Habría que retrotraerse mucho en el tiempo para saber cuándo fue la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León solicitó por primera vez un nuevo juzgado de lo social para solucionar la sobrecarga de trabajo que llevan soportando durante años los tres que actualmente hay en la provincia. Se trata de una reivindicación histórica desatendida constantemente por el Ministerio y este año, cuando se avecina una aluvión de pleitos derivados de la crisis de la covid-19, parece que también será así. Y no solo eso, sino que la administración encabezada por Juan Carlos Campo ha informado favorablemente de la creación de dos nuevas unidades en León y Valladolid, pero no menciona para nada a Burgos. El Gobierno regional, a través de los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia, ha afeado esta decisión y ha reclamado una mayor motivación.

La Dirección General del Servicio Público de Justicia ha solicitado un informe a la Junta de Castilla y León para que colabore en la definición de las dos nuevas unidades judiciales propuestas por el Ministerio en la Comunidad. Sin embargo, desde la Consejería de Presidencia consideran que hay una falta de justificación en la propuesta. «Esta Comunidad Autónoma desconoce qué subyace en la elección de las unidades que ahora se crean», replican. 

Y es que, la ley dice que la creación de nuevos juzgados debe atender, preferentemente, al volumen de litigiosidad de la circunscripción. En este sentido, los servicios jurídicos de la Junta observan cierta «falta de información y documentación» por parte del Ministerio que haga referencia a la sobrecarga de trabajo. 

En el caso de la jurisdicción social, Justicia contempla crear un nuevo órgano en León. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico recuerda, por ejemplo, que Burgos es la segunda provincia (por detrás de Valladolid) con mayor número de solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por lo que también estaría justificada la creación de un nuevo juzgado de lo social en nuestra circunscripción.

Mientras tanto, la Sala de Gobierno del TSJ ha seguido la tramitación con carácter urgente para dotar a los juzgados de lo social de Burgos de una magistrada de refuerzo para que asuma parte del trabajo que se avecina por la pandemia. A la oferta de esta plaza de comisión de servicios con relevación de funciones solo se presentó la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villarcayo. El acuerdo fue trasladado al Poder Judicial para que dé luz verde.