El empresario Alejandro Llorente (Grupo Collosa) se acogió hoy, desde el respeto a los miembros de la comisión de investigación parlamentaria de las eólicas, a su derecho a no declarar por estar pendiente de juicio oral, después de que se le imputen delitos de prevaricación continuada y cohecho, como informa Ical.

Así su comparecencia ante la comisión de investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, polígono de Portillo y edificio de Arroyo, fue muy breve, ya que solo formularon algunas preguntas José Ignacio Delgado (Cs) y Patricia Gómez (PSOE), mientras Laura Domínguez (Podemos) y Alberto Castro (PP) desistieron ante la posición del emprario.

Los tres hermanos Llorente, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio, forman parte de la veintena de personas, entre ellas altos cargos de la cúpula de Economía de la Junta, por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal.

Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Calidad Pascual, en la comisión de investigación sobre la adjudicación de parques eólicos, los terrenos de Portillo y el edificio de soluciones empresariales de Arroyo. - Foto: Miriam Chacón (Ical)

En su turno, el procurador José Ignacio Delgado argumentó que la labor de la comisión es al margen de la causa que se sigue en el Juzgado y lamentó que el compareciente no respondiera, aunque realizó preguntas como conocer el momento en que la empresa constructora decide entrar en el negocio eólico, la relación con Rafael Delgado y otros políticos de la Junta y si se arrepienten de las decisiones tomadas.

Por su parte, la socialista Patricia Gómez solo preguntó si considera que la trama de corrupción podía haber sucedido sin la implicación de altos cargos y "sin mirar a otro lado" por parte de quienes eran entonces consejeros de Medio Ambiente y de Presidencia, en referencia a Carlos Fernández Carriedo y a Alfonso Fernández Mañueco.

En la querella de la Fiscalía Anticorrupción, se imputa a los tres hermanos de Construcciones Llorente S.A (Grupo Collosa) haber mantenido una relación especial y actuado concertadamente con el principal investigado, el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, sin haber estado interesados en participar activamente en el negocio eólico, algo que los acusados negaron en un escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.

Tomás Pascual

El fundador de Grupo Pascual, también promotor eólico, Tomás Pascual Gómez Cuétara, aseguró hoy que "la reputación" empresarial de su firma "está muy por encima de ganar un poco de dinero con los parques eólicos", en cuyo negocio entró por el contacto con Iberdrola si bien vendieron su parte por el retraso en el desarrolló del proyecto, así como que "nunca se ha sentido parte de esa trama eólica".

En su comparecencia en la comisión de investigación de las eólicas abierta en las Cortes, el empresario, que figura en el lista de comparecientes del Grupo Socialista, aclaró que él no tuvo una relación directa con los proyectos eólicos porque quien llevaba "el tema" era el director financiero de su grupo, Javier Colomina.

Así, explicó que no fueron ellos los que tomaron la iniciativa de participar en los parques eólicos, porque era un sector que desconocía, sino que "supone" que vino a través del "contacto" con Iberdrola, y detalló que decidieron participar para contar con energías limpias, abaratar el coste energético en sus plantas y tener "la oportunidad de un retorno empresarial".

De esa manera, reconoció que se creó una sociedad con Iberdrola, en concreto con su filial Biovent, en la que participó con el 30 por ciento. "Participamos más título financiero y para el desarrollo de la energía sostenible", recalcó. No obstante, precisó que los parques -"me suenan tres"- no se ponían en marcha y se les pedía más inversión sin saber si iban a tener un retorno, motivo por el que prefirieron vender en 2014 por un euro las acciones que poner 700.000 euros para la inversión total del proyecto.

El popular Alberto Castro, que aclaró que por su grupo "no estaría aquí pasando un mal trago", centró sus preguntas en conocer si desde la Junta se les invitó, si la información de poder invertir en parques eólicos era privada o "de corrillos" o bien pública, a lo que respondió que a ellos lo que les interesaba era su legalidad y transparencia.

"Que fuera legal y transparente, entendimos por de quien venía que lo era y vimos un viso de legalidad, si hubiéramos tenido alguna sospecha, no nos hubiéramos metido, para nosotros nuestra reputación está muy por encima de ganar un poco de dinero con parques eólicos".

También, manifestó que no le consta "trato de favor" para agilizar las autorizaciones con la entrada de empresarios locales, afirmó que la relación era con Iberdrola no con la Junta y manifestó que con los altos cargos de Economía, entre ellos el principal encausado Rafael Delgado, la relación era más institucional que económica, ya que el grueso de los proyectos de desarrollan con Agricultura.

La socialista Patricia Gómez afirmó que "no existe ninguna sospecha" contra el Grupo Pascual, ya que no está imputado en la causa, pero añadió que no se les cita a los empresarios que han tenido participación en las eólicas "por caprichoso", en este caso en el parque de Peñaflor 2, ya que de no existir "la trama", no sería necesaria la comisión. Precisamente, Alberto Castro poco antes manifestó que se había querido "extender la sospecha a todo el desarrollo eólico".

"Lo que he leído en la prensa, no conozco mucho más", respondió a preguntas de Laura Domínguez (Podemos) respecto de si conocía la trama eólica, a la vez que señaló que "no le suenan" conversaciones en los círculos empresariales de la Comunidad sobre una preferencia por los empresarios locales para entrar en ese negocio.

Tras manifestar que se investiga un presunto caso de corrupción y que quieren evitar que estas prácticas "no vuelvan a ocurrir jamás", el procurador de Cs José Ignacio Delgado preguntó lo que llevó la entrada del Grupo Leche Pascual en las eólicas, a lo que respondió el compareciente que fueron motivos empresariales y añadió que era Biovent quien tenía los derechos de los parques. Por último, reconoció que las prácticas de la llamada trama eólica que están en el Juzgado "claro que afecta a la imagen de Castilla y León".