Cuatro años después de que la junta de gobierno local acordara emitir una orden de ejecución urbanística para que los cuatro propietarios del inmueble de la plaza Sancho García 15, restaurarán las galerías ubicadas en su fachada trasera, y tras un proceso judicial del que el Ayuntamiento resultó ganador, el actual equipo de gobierno ha sacado a concurso las obras que terminarán resolviendo el problema. El grupo de gobierno de Ciudadanos inició el proceso porque las galerías que dan a la calle Constitución y llevan años apuntaladas, amenazan con colapsar por completo y conllevan "un riesgo para la seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad". 

A ello se une  que el edificio cuenta con una protección estructural, según las normas, al encontrarse dentro del conjunto histórico, y sus galerías son un elemento singular que se pretende preservar. Las obras se han licitado con un presupuesto de 78.311 euros, que las empresas podrán rebajar, pero el Consistorio ya ha girado a los propietarios una liquidación provisional y tres de ellos la han abonado, mientras que solo uno está pendiente, al tratarse de una persona fallecida que emigró a Méjico y de la que se desconocen los herederos.

En diciembre de 2015, la junta de gobierno local que presidía el exalcalde, Javier Fernández-Gil, aprobó la orden de ejecución urbanística y planteó a cada uno de los cuatro propietarios del inmueble que realizaran una serie de trabajos en la fachada y las galerías para garantizar la seguridad del edificio. Aquel acuerdo fue recurrido en el juzgado de lo Contencioso Administrativo por uno de los propietarios, que en primera instancia ganó el pleito. Pero el Ayuntamiento presentó un recurso de apelación y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo estimó y revocó la sentencia apelada.

En primera instancia, el juzgado daba la razón a la propietaria, quien básicamente centró su demanda en el hecho de que el Ayuntamiento se había dirigido a cada uno de los propietarios y no a la comunidad de propietarios. Pero el TSJ señaló en noviembre de 2017 que "si estuviese adecuadamente constituida la propiedad horizontal, conforme a la ley, sin duda el Ayuntamiento se tenía que haber dirigido a la comunidad de propietarios a través de su presidente", a lo que añadió que "no consta estatuto de esta comunidad ni tampoco nombramiento de presidente de la misma, por lo que es imposible que el Ayuntamiento pueda dirigirse a la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal a través de su presidente, siendo necesario dirigirse a todos y cada uno de los propietarios".

En diciembre de 2017 se volvieron a dar seis meses a los propietarios para el arreglo del inmueble, pero no presentaron siquiera un proyecto técnico. En noviembre de 2018, una Resolución de Alcaldía determinó la ejecución subsidiaria de las obras que ahora se han licitado. Las empresas interesadas tendrán de plazo hasta el 9 de abril, siempre que el estado de alarma no se extienda más.