El Ayuntamiento reclama 19 pisos a la Fundación Lesmes

C.M.
-

El Consistorio los adquirió entre 1997 a 1999 para el Programa Dual de erradicación del chabolismo, que gestiona la entidad y que los puso a su nombre. Los 55 comprados desde el 2000 se inscribieron como patrimonio municipal

El Ayuntamiento reclama 19 pisos a la Fundación Lesmes - Foto: Jesús J. Matías

La necesidad de dar un alojamiento digno a las familias que viven en chabolas, casas prefabricadas, caravanas o infraviviendas impulsó al Ayuntamiento en 1997, con la cofinanciación de la Junta, a poner en marcha el denominado Programa Dual, que estaba basado en dos pilares: la educación familiar individualizada y el realojo por diferentes zonas de la ciudad.

La gestión del programa, -la compra de viviendas y el trabajo con cada uno de los miembros de la familia hasta su traslado a una vivienda normalizada-, se le encomendó a través de un convenio y luego un concierto a la Fundación Lesmes, una institución sin ánimo de lucro creada en 1996, clasificada como benéfico-asistencial y cuya finalidad es la integración sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social. De su patronato forma parte el propio Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y León y la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y algunos representantes de sus socios fundadores.

En la actualidad el Programa Dual cuenta con 74 viviendas que se han adquirido a lo largo de los años con fondos públicos (municipales y regionales). Sin embargo, se ha da una situación curiosa que ahora se quiere solventar. Los 19 pisos comprados entre 1997 y 1999 se inscribieron a nombre de la Fundación Lesmes mientras que las que se adquirieron a partir del año 2000 se registraron a nombre del Ayuntamiento.

La actual concejala de Servicios Sociales, Gema Conde, desconoce la razones por la que los políticos de esa época decidieron que se registraran a nombre de la Fundación Lesmes. «No hay ningún documento que lo explique. Simplemente hay un convenio entre las partes en el que se dice que esas viviendas únicamente pueden destinadas a realojo de familias que viven en chabolas o infraviviendas y no pueden venderse. Esas 19 viviendas figuran en el Registro a nombre de la Fundación Lesmes sin carga alguna, otra cosa es que el Ayuntamiento pueda hacer valer ese convenio para decir que las viviendas son suyas, dado que se compraron con dinero público».

Fue bajo el mandato del alcalde socialista, Ángel Olivares, cuando se observa la situación y se decide que se inscriban a nombre del Ayuntamiento. Sin embargo, no se resuelve el problema anterior.

Desde la Gerencia de Servicios Sociales se reclamarán estas viviendas a la Fundación Lesmes, dado que en agosto de este año finaliza el concierto con la Fundación Lesmes para gestionar el Programa Dual y desde el área de Intervención se ha instado a que se saque a licitación pública. «Cuando se inició el Programa Dual igual la Fundación Lesmes era la única institución que podía prestar este servicio pero a día de hoy hay varias entidades que lo pueden prestar con garantías», indicó.

Durante el último año y medio, Conde ha planteado la necesidad de solucionar esta situación en las reuniones del patronato, de la que forma parte el Ayuntamiento. Paralelamente, ha solicitado un informe a la Asesoría Jurídica municipal para ver las posibles alternativas para reclamar las viviendas, incluida la vía judicial. «Es una situación irregular y no se puede dejar así»

dispuestos a colaborar. Desde la Fundación Lesmes, su presidente, Miguel Santos, se muestra dispuesto a buscar una solución. «Siempre hemos seguido indicaciones del Ayuntamiento. Al principios, incluso, nos daban el dinero a nosotros para la compra de las viviendas y luego se cambió el sistema», subrayó.

Sin embargo, advierte del problema que supondrá al formar parte del patrimonio de la fundación. «Esta muy protegido por la Ley de Fundaciones y tenemos que ver la mejor forma en base a informes jurídicos. Es necesaria una autorización del Protectorado de Fundaciones».

El Programa Dual tiene un coste de 337.164 euros al año, de los que 265.510 son aportados por el Ayuntamiento y 71.600 euros por los usuarios, dado que pagan un alquiler por las viviendas y corren con todos los gastos.