El edificio de juzgados de Briviesca carece de cualquier medida de seguridad y control de acceso por parte de vigilantes privados o de funcionarios públicos, ni tan siquiera un arco o detector de metales, lo que constituye un grave riesgo para la integridad tanto de la plantilla que allí trabaja como de los ciudadanos y profesionales que acuden a diario a las instalaciones.Así lo denuncia la Sala de Gobierno delTribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que exige al Ministerio que ponga fin a una situación que se prolonga desde hace años.

Los últimos incidentes graves de los que ha sido informado el órgano de gobierno de los jueces en la comunidad ocurrieron el 3 y el 6 de septiembre y consistieron en«amenazas mortales, insultos e intento de agresión», según el escrito presentado por la letrada de la Administración de Justicia (anteriormente denominada secretaria) del Juzgado Único de Briviesca y suscrito por la jueza titular, al que ha tenido acceso este periódico.

No es, sin embargo, el primer suceso que pone en riesgo la integridad de quienes trabajan en la sede judicial ni tampoco la primera ocasión en la que interviene el TSJ para recordar a la Gerencia de Justicia «la ausencia integral de seguridad»  y la necesidad de actuar. De hecho, el expediente se encuentra abierto desde 2015 y este es el quinto acuerdo que adopta la Sala de Gobierno, del que se ha dado traslado a diversos departamentos del Ministerio de Justicia y a la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

Desde 2015 y hasta la fecha, la única actuación del Estado en el edificio ha sido la instalación, en marzo de 2016, de un circuito cerrado de televisión con 8 cámaras.  Considera el TSJ que los problemas de seguridad de la sede no se han visto «solventados de ninguna forma» con la implantación de ese sistema, puesto que no tiene «personal destinado, cualificado ni habilitado» para el visionado de las imágenes y con capacidad de respuesta en caso de detectarse una emergencia o una situación delicada en el acceso o en el interior del edificio. Además, el monitor en el que se visualiza los recogido por el circuito se ha colocado en el despacho de la letrada de la Administración, lo que «excede de sus competencias», recalca el TSJ.

La medida también fue considera en su día insuficiente por la letrada y por la jueza titular, que en anteriores escritos han relatado «situaciones de tensión» que han hecho necesaria la intervención de la Policía Local de Briviesca y que el Tribunal Superior de Justicia considera de «extrema gravedad», apunta para concluir que «estas situaciones se reproducen en casi todos los órganos únicos en un partido judicial» de Castilla y León.