La Junta adjudicó 3.715 puestos, de las 5.016 solicitudes que recibió para el concurso de traslados para los funcionarios de la Administración de Castilla y León, quer ofertó 12.824. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, informó al Consejo de Gobierno de la resolución definitiva del proceso, cuya información y listado puede consultarse en el BOCyL del 20 de octubre. 

En este sentido, cabe recordar que el concurso de traslados es un derecho de los funcionarios de la Administración al que, por diversas circunstancias, no ha podido darse cumplimiento en los últimos cinco años y que retoma ahora un hito relevante para el desarrollo de los profesionales públicos de la Comunidad.

Además, es importante destacar que a partir de hoy se activa la implantación del proyecto 'ACOGE', que dará seguridad y estabilidad a los empleados públicos que cambian de puesto, y facilitará la eficiencia en la prestación del servicio.

El concurso general que se ha llevado a efecto es la ejecución de un mandato contenido en la Disposición Adicional del Decreto Ley 3/2020, de 18 de junio, que trae causa de las resoluciones judiciales desfavorables acontecidas contra el Catálogo de Puestos y las Relaciones de Puestos de Trabajo que, en relación con este, sirvieron de base al último concurso abierto y permanente, también anulado.

"Con este concurso la Junta manifiesta su intención clara de trabajar por el cumplimiento de los derechos de los empleados públicos, que son nuestro bien más preciado como elemento imprescindible para garantizar la prestación de los servicios públicos para todos los castellanos y leoneses", indicó el consejero. 

En el caso concreto de los funcionarios llamados a concursar, constató que "se ha velado en todo momento por preservar los principios de legalidad y buen derecho, que deben de presidir todas las actuaciones de la Administración autonómica, especialmente cuando existen suficientes fundamentos jurídicos que dan soporte a mantener que las actuaciones llevadas a cabo son legales y pertinentes dentro del marco jurídico normativo en el que han de desarrollarse y conforme al cual se ha actuado".

"Es un paso más en nuestro trabajo por consolidar una función pública que mire al futuro y donde el profesional sienta que tiene su sitio para desarrollarse. Conseguimos poner en marcha un concurso que llevaba cinco años sin resolverse, lo cual ha permitido que casi 4.000 empelados públicos tengan un nuevo destino con garantías", señaló Ibáñez.

Asimismo, el consejero resaltó la firme voluntad de la Administración para que este mecanismo de movilidad "sea una tónica que, previa negociación con las organizaciones sindicales pueda convocarse en próximas ediciones con una periodicidad que permita asegurar este importante derecho para los funcionarios que trabajan por nuestra Comunidad".