Piden una multa para Cristino por faltar al respeto a 4 policías locales

P.C.P. / Burgos
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La defensa del concejal reclama su absolución al entender que no actuó guiado por el ánimo de ofender a los agentes a los que llamó «cebollos», el día del entierro de la sardina

Cristino, poco antes de la celebración del juicio en la sala de vistas número 13 de Reyes Católicos. - Foto: Luis López Araico

El juicio contra el concejal Cristino Diez por una falta de respeto o consideración a los agentes de la autoridad quedó ayer visto para sentencia, en elJuzgado de Instrucción número 2 de Burgos, casi un año después de que se produjese el incidente que lo motivó. El fiscal pide una multa económica para el edil por llamar «cebollos», entre otras lindezas, a 4 policías locales que multaron al conductor de un quad en el que se trasladó la figura de la sardina, el último día de los Carnavales de 2013.
La defensa de Cristino ha reclama su absolución por entender que no actuó guiado por el ánimo de ofender a ningún agente, amén de subrayar la contradicción que entraña la diversidad de trato que la Policía Local confirió a los ciudadanos que colaboraron -altruistamente- en el traslado de la figura.Al bajar la sardina de Gamonal al centro no fueron multados, pese a que también circulaban sin casco y con la ITV caducada, pero sí al emprender el viaje de regreso, momento en el que se produjo el incidente verbal. A juicio del concejal la única explicación razonable radica en el conflicto laboral subyacente entre los agentes y el Consistorio, amén de insistir en que el calificativo de ‘cebollo’ no tiene para él un componente despectivo, puesto que era una palabra empleada por su madre en su infancia, en tono cariñoso, y que la RealAcademia de la Lengua no tiene recogida en su diccionario.
El Sindicato Profesional de Policía Municipales de España (SPPME), que lidera esa protesta, se encuentra personado en la causa, por considerar que las manifestaciones efectuadas por Cristino a los agentes, refrendadas posteriormente en varios medios de comunicación, menoscaban la imagen profesional no solo de los afectados, sino de todo el colectivo, más en boca de un representante municipal. Por ello, reclama en concepto de responsabilidad civil 300 euros para cada uno de los 4 funcionarios que denunciaron al concejal y 30.000 para el sindicato, si bien han avanzado que en el caso de que el juzgado les reconozca el derecho a percibir esa u otra cantidad la destinarán a una ONG.