La amnistía del PSOE benefició a siete imputados en el 'caso Gürtel'

AGENCIAS
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La amnistía del PSOE benefició a siete imputados en el ‘caso Gürtel’ - Foto: ANDREA COMAS

Los acusados regularizaron 9,72 millones de euros entre 2008 y 2011 por el proceso ordinario aprobado por el Gobierno socialista en 1995 y ampliado por el Gabinete de Zapatero en 2006


«Suba y pida perdón. Recupere la dignidad de la política». Así de contundente fue la petición que realizó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, por las acusaciones continuadas de los socialistas de que la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy se hizo para favorecer a los defraudadores, principalmente a Luis Bárcenas y a los implicados en la trama Gürtel.
Y es que los datos no solo desmontan esa teoría, sino que también ponen en evidencia a la formación de Ferraz. Según se desprende del informe tributario que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ya tiene en su poder, siete de los imputados en el caso regularizaron su situación fiscal por la vía ordinaria aprobada por el Gobierno del PSOE. Los siete (seis personas físicas y una jurídica) lo hicieron mediante 37 declaraciones fuera de plazo (llamadas complementarias o sustitutivas) presentadas desde 2003.
La regularización voluntaria ordinaria se implantó en 1995, fecha en la que gobernaba el PSOE, y la última modificación de la normativa sobre la regularización ordinaria data de 2006, cuando el Ejecutivo socialista realizó una modificación del régimen de regularización voluntaria ordinaria en la Ley General Tributaria. En aquel momento se introdujo un apartado en el que se disponía un descuento del 25 por ciento en los recargos si se pagaba en plazo voluntario de pago, con lo que se reducía el coste de la regularización ordinaria.
Asimismo, según anunció Montoro en el Congreso, tan solo un imputado se acogió al procedimiento extraordinario de los populares y, aunque explicó que no podía dar su nombre, detalló que fue a través de una declaración por menos de 3.500 euros, con una cuota liquidada de 350 euros. Posteriormente, se conoció que se traba del constructor presidente de la sociedad Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, que se habría acogido a la amnistía fiscal, por lo que tuvo que ingresar 342 euros en el fisco, después de que aflorasen 3.420 euros.
Tras conocerse los datos, Martín desmintió «tajantemente» que la regularización fiscal tenga «cualquier vinculación» con su imputación en el caso Gürtel y defendió que obedece a la liquidación de una cuenta corriente con un saldo total de 57.000 euros.
El empresario, además, insistió en su «absoluta» voluntad de colaborar con la Justicia. Además, al ser cuestionado por la posible relación de esta regularización con su implicación en el caso, reiteró que no ha realizado actuación alguna que pueda perjudicar el proceso judicial en curso.

Políticos madrileños. Según el informe remitido al magistrado, el empresario Manuel Salinas Lázaro aparece como el imputado en la presunta trama de corrupción que pagó la cantidad más alta, un total de 7,5 millones de euros mediante declaraciones complementarias realizadas entre 2010 y 2011 relativas al IRPF e impuesto de patrimonio referidos al período 2005-2007.
En la lista también destacan el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López-Viejo y el exdiputado autonómico del PP Alfonso Bosch. El antiguo componente del Gabinete de Esperanza Aguirre presentó declaraciones complementarias relativas al IRPF por importe de 4.722,61 euros. Por lo que respecta a Bosch, en 2008 entregó informes tributarios de los ejercicios anteriores por 3.111,46 euros
Más alta fue la cantidad regularizada por el empresario aragonés Amando Mayo, que reconoció, en declaraciones realizadas también entre 2010 y 2011, 35 millones relativos al IRPF y patrimonio de los ejercicios al período comprendido 2005 entre 2008.
En la información entregada en la Audiencia Nacional también aparece José Ramón Blanco Balín, abogado del exvicepresidente de Repsol, que ingresó un total de 504.738 euros en 2009 referidos a los dos impuestos mencionados en el período 2005-2007.
Asimismo, Hacienda desvela que figura como beneficiaria de regularizaciones, a través de declaraciones complementarias, la empresa Begar S.A, cuyo presidente, José Luis Ulibarri, está imputado en la trama. No obstante, la compañía negó tal extremo. El constructor Alfonso García Pozuelo también aparece como beneficiado de esta declaración tributaria especial.