La pandemia ha castigado sin piedad a la hostelería bajo el argumento de que era el principal foco de contagio social. Sin embargo, las restricciones a la actividad de hoteles, bares y restaurantes no solo han sido muy diferentes dependiendo de los territorios autonómicos (véase Madrid) sino también provinciales. Burgos capital llega al final del estado de alarma sumando 227 días de cierre de interiores de los establecimientos, la cifra más alta de todas las capitales de Castilla y León y con diferencias de hasta 50 días con respecto a algunas de ellas, circunstancia que ha generado perplejidad, indignación y hartazgo entre el empresariado local.

Las nueve capitales de Castilla y León vivieron por igual las 97 jornadas de cierre de interiores (y exteriores) durante el estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo de 2012. Dada la gravedad de la situación sanitaria entonces, la Federación de Hostelería instó al cierre de puertas un día antes. Hubo que esperar hasta el 25 de mayo para que empezasen a activarse en las calles de la ciudad las primeras terrazas.

La intensidad de la segunda oleada de contagios, la de otoño, obligó al cierre de interiores durante 42 jornadas, desde principios de noviembre hasta el arranque de las vacaciones de Navidad, algo que no ocurrió con el mismo rigor restrictivo en el resto de capitales que presentaban unos balances sanitarias menos abultados.

En lo que va de 2021, a golpe de medidas excepcionales dependiendo de la presión semanal en las UCI y de los índices de contagios a 7 y 14 días por 100.000 habitantes, se han cerrado interiores durante un total de 88 días, hasta el 9 de mayo.

Desde el inicio suman 227 jornadas de locales vacíos -más de la mitad de la pandemia- que han sufrido muy especialmente los restaurantes (sin actividad alguna en sus cocinas y comedores o solo apostando por el servicio a domicilio) y los bares y cafeterías para los que ha sido imposible instalar una terraza con la suficiente amplitud para hacer algo de caja. El resto del sector ha apostado por la calle -la única alternativa posible-, invirtiendo en veladores, estufas, toldos..., y viendo cómo los rigores climatológicos sentenciaban (o no) cada jornada de facturación.

Finalizado el estado de alarma y con la esperanza de que la hostelería vaya poco a poco recuperando su ritmo de actividad y empleo, la comparativa de lo sufrido en Burgos con respecto al resto de capitales de la región es demoledora. Así, un hostelero abulense ha tenido abierto su negocio 50 días más que el burgalés. Los leoneses y zamoranos suman 41 días de diferencia a su favor y los salmantinos 28. En Segovia se ha trabajado 16 jornadas más, 15 en Palencia y 14 en Valladolid. Solo la situación vivida en Soria se acerca a la de Burgos, aunque allí han trabajado 7 días más abiertos al público.

Motivos. 

La situación es "dantesca" para el presidente de la Federación de Hostelería burgalesa y regional, Fernando de la Varga, y no solo por el daño económico, laboral y vital que ha soportado y soporta el sector, sino por las desigualdades de trato sufridas a golpe de decreto. "No hemos podido trabajar con cierta normalidad de una forma continuada hasta hoy, lo que nos condena a la ruina y a una previsible destrucción de muchos puestos de trabajo". 

"Se nos sigue condenando y obligando al cese de nuestra actividad laboral en prevención de la pandemia, pero las cifras han dicho lo contrario. En Burgos ha seguido creciendo el ritmo de contagios con las restricciones, lo que viene a demostrar que nuestro sector no es el culpable de la situación sanitaria", denuncia De La Varga, quien recuerda que el hostelero "ha pagado esta factura sin ningún tipo de compensación".

La incertidumbre es máxima pues nadie ha podido justificar fehacientemente, salvo con el argumento de que es provincia de paso entre Madrid y País Vasco, la razón de un mayor índice de contagios y, por extensión, más restricciones al negocio hostelero.

Ante esta realidad, avisan de que abrirán varios frentes judiciales para reclamar todo lo perdido. "La Constitución española recoge el derecho al libre trabajo y a nosotros se nos ha impedido trabajar".

Las demandas judiciales no serán el único frente abierto tras el fin del estado de alarma. Ahora toca hacer frente a los pagos de los créditos ICO, "que han demostrado ser un parche y no la solución". "No ha habido capacidad de trabajo y de generar beneficio porque los diferentes gobiernos nos han impedido trabajar para pagar los créditos", sentencia.

De la Varga advierte de que con 227 días de cierre de interiores muchos empresarios se han descapitalizado, han fundido los ahorros de toda su vida para sostener su actividad, alquileres, impuestos, cánones, facturas... Las compensaciones -que no ayudas, subraya- por no tener permiso para trabajar van a llegar tarde para muchos establecimientos.