Los trabajadores del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) están sudando tinta desde hace semanas. Jamás habían tenido una avalancha semejante de papeleo derivada de los miles de expedientes de regulación temporal (ERTE) que las empresas han puesto en marcha para tratar de capear la crisis, y su tramitación está generando auténticos quebraderos de cabeza, agravados por la presión de tener que responder a los ciudadanos. Si el beneficiario de una prestación ve retrasado su caso no recibe ingresos al mes siguiente, y en esa situación están muchos trabajadores burgaleses.
Los afectados claman por esa falta de cobros pero no todos los errores, ni mucho menos, son achacables a la administración. Fuentes sindicales calculan en un 13% el volumen de expedientes que llegan al SEPE con fallos procedentes de las empresas o de gestorías que los tramitan para ellas. La Subdelegación del Gobierno eleva incluso ligeramente esa estimación y habla del entorno del 15%.
Teniendo en cuenta que en la provincia ya se han superado los 5.000 ERTE y los 31.000 expedientes, habría afectadas alrededor de 4.200 personas. Cuando existe alguno de esos errores el sistema los rechaza y es entonces cuando los empleados públicos deben entrar a repasar manualmente cada uno de ellos y solicitar su corrección.
En ocasiones, el funcionario no puede hacerlo directamente porque los fallos más frecuentes proceden de datos equivocados en el DNI de los trabajadores o en los números de cuenta donde deben ingresarse las prestaciones, algo habitual entre quienes tuvieran su dinero en las extintas cajas de ahorro o en entidades absorbidas por otras durante la anterior crisis económica. Puede que mientras cobraban de sus empresas el identificador IBAN de esas cuentas bancarias no diera problemas, pero ahora genera confusiones a la hora de comunicárselo al Estado.
Las mismas fuentes sindicales apuntan a Burgos como una de las provincias que mayor incremento en la carga de trabajo ha sufrido de todo el país. El 1 de mayo llegaron refuerzos al ser contratadas 8 personas (una de ellas ya no está), pero llegaron precisamente con un volumen de trabajo inusitado y sin la formación previa que hubiera sido ideal.
Con todo ello, desde CSIF Burgos su responsable de Administración General del Estado, José Antonio Varga, explica que un gran número de trabajadores públicos ha estado estirando sus jornadas por las tardes o los fines de semana mediante teletrabajo: "con sus ordenadores personales y algunas veces sus teléfonos están haciendo un sobreesfuerzo para tratar de sacar el trabajo adelante". A partir de este lunes está prevista su incorporación presencial paulatina, aunque todavía no se ha anunciado la reapertura al público.
Los más de 4.000 afectados por esta situación tratan de resolverla llamando al teléfono de atención del ciudadano (901 11 99 99), aunque no todos tienen la suerte de ser atendidos por la saturación de llamadas.
El problema de los hijos. "Nuestros gestores están trabajando en su mayoría con sus medios desde casa y sin horario, llamando a los ciudadanos y en los casos que se trate de tramitarles una nueva prestación, ahora llamadas ‘exprés’ por no ser presenciales y reconocidas en el momento, lo están haciendo sin descanso", apunta otra fuente conocedora de la situación.
Los miles de expedientes simultáneos y en toda España está provocando otro tipo de errores como la falta de inclusión de los hijos que ahora debe resolverse casi de forma artesanal, caso por caso, agravados por las prisas de tener que reconocer la prestación con un mínimo de datos.