El turno de oficio protesta por la inseguridad de sus cobros

H.J.
-

Los abogados reclaman al Ministerio de Justicia garantías de que les paguen cuando al cliente se le acaba denegando la asistencia gratuita

Un grupo de letrados burgaleses participó en la manifestación ante el Congreso de los Diputados el día 28 de febrero. - Foto: DB

No es habitual ver protestas con gente vestida de toga, pero los abogados inscritos en el turno de oficio empiezan a estar ya muy cansados de los retrasos en los pagos o de trabajar sin estar completamente seguros de que vayan a cobrar ni del cliente ni del Estado. Varias decenas de letrados, entre ellos un puñado de burgaleses, protestaron hace unas semanas ante el Congreso de los Diputados para reclamar "Un turno de oficio digno", como rezaba la pancarta que desplegaron en la Carrera de San Jerónimo entre gritos de "¡Somos abogados, y estamos cabreados!" o "¡Somos abogados, y no somos esclavos!".

José Antonio López Rodríguez, letrado burgalés, explica que en la provincia están afectados por el conflicto más de 300 profesionales, que solo en la capital tienen que atender dos guardias diarias más otra para los asuntos vinculados a la violencia de género. A todos ellos les afecta la extraña circunstancia de que mientras atienden a un cliente no tienen la garantía de que sean recompensados económicamente.

"Antes nos pagaban sí o sí, y en determinadas circunstancias cuando se determinaba que no tenían derecho a la justicia gratuita se procedía a la devolución. Ahora es al revés", relata. Esto ocurre desde una reciente decisión del Ministerio de Justicia, en la etapa que estuvo dirigido por Dolores Delgado (actual Fiscal General del Estado), cuando se estableció que los pagos por parte de la administración a los defensores de oficio no se producirá hasta comprobar que la renta del justiciable no es superior al doble del salario mínimo.

López admite que "conforme a la Ley" el Ministerio "puede agarrarse a no pagar", pero recuerda que los abogados de oficio "están apuntados voluntariamente porque es algo vocacional, una creencia en la justicia gratuita, pero quieren tener el reconocimiento de que van a poder cobrar".

No es algo universal. De ahí que insistan en la necesidad de modificar la normativa "para incluir el pago de todas las actuaciones ordenadas por el Juzgado y en el seno del turno de oficio", ya que actualmente no se pagan todos los servicios puesto que la justicia gratuita no es universal, a diferencia de la sanidad pública.

Puede darse el caso, explican los abogados de oficio, "de que aún habiéndose requerido por el Juzgado" la presencia del letrado, el Estado acabe convirtiéndose en una suerte de moroso que no abona sus servicios con las indemnizaciones previstas, "por otro lado tercermundistas, pues no se actualizan desde hace más de 10 años". 

En opinión de los profesionales del Derecho, si a un cliente se le denegase el reconocimiento "lo lógico sería que el Estado fuese el que le reclamase al justiciable el dinero abonado", que en cualquier caso sería más barato que los precios del mercado libre.