El servicio de ayuda a domicilio que presta la Diputación a través de la empresa Sacyr Social ha vuelto ya a las cifras prepandemia. De este modo, no solo ha recuperado al cerca de medio millar de burgaleses que se dieron de baja sino que supera incluso en número de usuarios a los existentes a mediados de marzo, con 1.775 personas, y se encuentra muy cerca de igualar a los atendidos en todo 2019.
De ahí que esta asistencia social vuelva a costar bastante más dinero del estipulado en el contrato inicial, que se prorrogó por un periodo de dos años y 4.390.000 euros, a razón de 16,43 euros la hora de trabajo, IVA incluido. Así lo tiene asumido ya la institución provincial, según explicó ayer tras la Junta de Gobierno el vicepresidente, Lorenzo Rodríguez. «Seguiremos pagando para que ningún burgalés se quede sin asistencia», aunque el importe de las ayudas supere al precio estipulado.
No las tenía todas consigo la empresa, que entre mediados de marzo y abril vio peligrar su negocio debido a las numerosas bajas, unas 500, de usuarios que o bien se fueron a vivir con otros familiares o no querían que entrase nadie ajeno a su casa. De hecho, Sacyr Social llegó a presentar un recurso para ser indemnizada por esa supuesta pérdida de ingresos. Los tribunales rechazaron una petición que, a la vista de los datos actuales, se ha quedado sin base objetiva.
Otro recurso desestimado. La Diputación acaba de conocer otra sentencia que desestima la solicitud de la empresa anterior adjudicataria de la ayuda a domicilio, Advase, de ser indemnizada con 432.790 euros. Su contrato fue prorrogado durante 8 meses en 2016 pero pagado con los precios correspondientes a 2015, decisión que los jueces consideran correcta.
A final de octubre vence la última prórroga del actual contrato, firmado con Valoriza (luego Sacyr), aunque será imposible que la Diputación tenga para entonces elegida a su sustituta. Los pliegos ya han sido redactados y el anuncio previo enviado al boletín de la Unión Europea, pero aún no ha salido a licitación un concurso cuya resolución puede demorarse meses, pues hay mucho dinero en juego: más de 28 millones, prórrogas e IVAincluidos. En la vecina Palencia, por ejemplo, se convocó en noviembre de 2019 y se adjudicó a final de agosto, tras las intervención del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl).