La Audiencia Provincial juzgará a principios de marzo a los nueve miembros de una red criminal que, según la Fiscalía, llegó a amasar 186.000 euros piranteando tarjetas de crédito de personas extranjeras y haciendo cargos con lectores que solicitaban a entidades financieras. Para conseguir los llamados TPV, se hacían pasar por responsables de negocios o comercios de lujo. La acusación particular pide para los procesados un total de 61 años de prisión por los delitos de organización criminal, estafa y falsedad en documento oficial.
Que al presunto cabecilla, Gregori B., se le conociera con diversos nombres da una idea de la entidad que alcanzó esta banda. Junto con Osman J.R.R., confeccionaron un entramado perfectamente organizado y jerarquizado. Según el escrito del Ministerio Fiscal, sus tentáculos alcanzaban a varias ciudades españolas, entre ellas Burgos y Miranda de Ebro. Aquí es donde actuó uno de los llamados ‘pasadores’, M.A.B., quien se encargaba de abrir cuentas a su nombre para realizar cobros de tarjetas de crédito que habían sido pirateadas.
El 20 de febrero de 2015, abrió una cuenta en una entidad financiera en la capital haciéndose pasar por el dueño de una tienda de ropa de lujo con sede en Mérida. Días antes, hizo una operación similar en Miranda, aunque en aquella ocasión fingiendo ser el responsable de una empresa de organización de eventos. El objetivo era obtener un TPV. Durante todo ese mes, el entramado realizó más de 200 operaciones con tarjetas de crédito de personas extranjeras (para evitar denuncias en España) que previamente habían conseguido de manera fraudulenta a través de ataques informáticos a bases de datos, mediante clonación de dispositivos de cajeros o con la simulación de páginas web en la que solicitaban el número y las claves. Hasta que los propietarios no se percataron de la estafa, lograron cobrar decenas de miles de euros.
Toda la logística de esta actividad delictiva (resguardo de numeración de las tarjetas y la planificación de las actividades) las llevaba a cabo el segundo eslabón de la cadena de mando, J.D.G.D., mientras que M.A.C.H. se situaba en el tercer escalón como controlador de los lectores. Los otros cuatro miembros del grupo tenían la misma función que el acusado que actuó en la provincia de Burgos.
El entramado utilizó similar modus operandi en operaciones fraudulentas en Gran Canaria, Sevilla, Granada y Alzira (Valencia). La investigación policial permitió localizar a Gregori B. -quien se camuflaba bajo una identidad falsa- y a Osmar J.R.R. en una urbanización de la provincia de Huelva. En los diferentes registros se encontró material para la falsificación de tarjetas de crédito. Ambos permanecieron en prisión casi un año. El Ministerio Público estima que lograron más de 186.000 euros que cobraron a través de cuentas bancarias abiertas en cinco entidades diferentes de toda España.
Gregori B. se enfrenta a 15 años de prisión y Osmar J.R.R. a 12. Para cada uno de los otros miembros de la red la Fiscalía solicita siete de cárcel por pertenencia a organización criminal y estafa. Además, deberán responder subsidiariamente de todo el dinero que amasaron durante los meses de actividad delictiva. El juicio arrancará el 2 de marzo y durará ocho días.