Los efectos de la crisis financiera y económica de 2008 fueron muchos y muy perniciosos. Uno de ellos fue la suspensión o reducción de las tasas de reposición en todas las plantillas de la Administración, entre ellas las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las responsables de garantizar la protección de todos los españoles. Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional se libraron de un drástico recorte del número de efectivos, una disminución que se hizo patente, en especial, entre los años 2016 y 2018, cuando las plantillas tocaron mínimos tras un lustro con las convocatorias de empleo público congeladas.

En la provincia de Burgos las plazas no repuestas de agentes jubilados hicieron que el personal en las tres comisarías de la Policía Nacional (Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro) cayera a 380 funcionarios en 2017. En la acera de enfrente, en la Benemérita, el mínimo se alcanzó en 2018 con 776 efectivos en el conjunto de la provincia.  La crisis económica golpeó de igual manera a ambos cuerpos.

Ahora bien, el ritmo al que están recuperando agentes es bien distinto. Mientras que la Policía Nacional se está reponiendo de la sangría con una agilidad pasmosa, al Instituto Armado le está costando una barbaridad, al punto de que todavía tiene 90 agentes menos que en 2011, según la respuesta del Gobierno a una pregunta de los diputados del PP Jaime Mateu y Sandra Moneo en el Congreso.

(Más información y estadísticas, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)