La inestabilidad política lastra el Plan Garoña

A.C.
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La alcaldesa de Tobalina, Raquel González, admite tener la sensación de que "todos los pasos políticos dados hasta ahora hay que volver a darlos"

La inestabilidad política lastra el Plan Garoña

La central nuclear de Santa María de Garoña detuvo su reactor en diciembre de 2012. Pronto se van a cumplir siete años de una decisión que marcó una caída sin retorno del número de trabajadores. Entonces se contabilizaban casi 500 empleados de 55 empresas contratadas por Nuclenor que desempeñaban sus tareas dentro del recinto de la planta y otros 300 de la firma propietaria. En total, cerca de 800. En la actualidad suman algo más de 250, pero ni una sola administración ha dotado todavía de fondos a alguna de las medidas de la Estrategia de Dinamización del Área de Influencia de Santa María de Garoña. La inestabilidad política en el gobierno central, con unas elecciones generales en puertas, y el cambio en el Ejecutivo de Castilla y León lastran la toma de decisiones y, lo más importante, la dotación presupuestaria de las 22 medidas presentadas el pasado enero en Quintana Martín-Galíndez.

En aquel acto estuvo presente la entonces consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien ya no ocupa el cargo, lo que ha obligado a solicitar una nueva entrevista con el ahora titular de esta consejería, Carlos Fernández Carriedo, de la que aún no hay fecha. Por otro lado, en Madrid se celebraron el pasado año numerosos encuentros entre los responsables de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares, que agrupa a los catorce ayuntamientos del área de diez kilómetros alrededor de la central, y representantes políticos de diferentes ministerios y grupos parlamentarios. Pero nada prospera y nada se concreta, por lo que  la alcaldesa del Valle de Tobalina y hasta hace poco presidenta de Amac, Raquel González, admite tener "la sensación de que todos los pasos dados hay que volverlos a dar y el esfuerzo realizado en los últimos meses hay que volverlo a hacer".

Pese a ello, la regidora afirma que "vamos a seguir luchando y exigiendo compromisos, porque somos un área nuclear referente respecto de las demás, en la que todos los ayuntamientos nos hemos unido y queremos expresar a las administraciones la fuerza de nuestra unión". Asimismo, la última Comisión directiva de Amac, con su nuevo presidente a la cabeza, Juan Pedro Sánchez Yebra, se ha marcado como "objetivo prioritario" la puesta en práctica de los planes de desarrollo económico alternativo al cierre de las centrales nucleares. De todas ellas, indican que en el entorno de Garoña y de Zorita "urge poner en marcha los planes de desarrollo".

El del área de Garoña va dando pequeños pasos tras su presentación. En fechas recientes, los 14 ayuntamientos del entorno han firmado un convenio con las tres asociaciones que lideran los planes de desarrollo rural en sus entornos, el Ceder Merindades, Adeco Bureba y ADR Añana (Álava), así como con la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur). En virtud de ese convenio se llevará a cabo la inminente contratación de un técnico experto en desarrollo económico que coordinará, organizará y planificará los pasos que se vayan dando en el futuro.

transición justa. Además de ello, este otoño se celebrará en Quintana Martín Galíndez una reunión técnica, en la que los municipios del área de Garoña y los grupos de desarrollo ya implicados esperan contar con la presencia de expertos en desarrollo económico del Ministerio para la Transición Ecológica, que explicarán los pasos a dar para "abordar un proyecto de transición justa en la zona de Garoña" tras el cierre de la central. Esta reunión aportará más conocimiento a los alcaldes y técnicos, aunque seguirá faltando el apoyo económico.

En su día, Del Olmo se comprometió a colaborar con los 15 millones anuales del nuevo impuesto al combustible de Garoña, ahora pendiente la decisión judicial sobre su posible inconstitucionalidad. Asimismo, indicó como "falta la aportación más importante, que ha de ser la del Estado y no se ha definido", a lo que añadió que "hasta que no haya colaboración de todas las administraciones, el plan no estará completo". Y nueve meses después sigue sobre el papel.