Lo ortodoxo es que una noticia comience aportando información novedosa a los lectores, pero en este caso procede hacer una mención a lo ya publicado. El 14 de mayo de 2018, este periódico les hizo saber que el actual inquilino del Café Espolón tampoco pagaba la renta, reavivando así la polémica sobre el trémulo pulso municipal con la explotación de un local de su propiedad.
Esa laxitud costó a las arcas públicas cientos de miles de euros por el «fallo multiorgánico» que permitió al anterior inquilino pasar años sin pagar un céntimo por explotar las instalaciones que presiden el paseo más emblemático de la capital. En mayo del año pasado la deuda ascendía a más de 150.000 euros. Hoy supera los 200.000 por el impago de rentas, impuestos (como el IAE) y tasas (como la de ocupación de vía pública por la instalación de la terraza).
Esos fueron los motivos por los que el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, dio traslado del expediente a la asesoría jurídica municipal para que iniciara los trámites oportunos para interponer una demanda contra el inquilino a cuenta del citado impago. Hasta donde este periódico ha podido comprobar, esa demanda no se ha presentado. Y ahora sí, la novedad.
La mercantil que resultó adjudicataria del alquiler ha presentado concurso voluntario ante los juzgados de Burgos, por lo que ahora el caso pasará a ser estudiado por la sala de lo Mercantil. Lo que en cualquier caso significa esta decisión, es que el inquilino admite su incapacidad para hacer frente a las deudas con sus proveedores, que no alcanzan únicamente al Ayuntamiento de Burgos.
Esta situación pone en serio riesgo de cobro la deuda que la mercantil mantiene con las arcas locales. El equipo de Gobierno ya está advertido de que las cosas se están poniendo feas, pero los servicios jurídicos no pueden, ahora, hacer mucho más que esperar a que sea comunicado el concurso para proceder a presentar, si es que esta vez lo hacen, la demanda. Esa petición de la deuda pendiente iría contra la masa de una sociedad que no parece tener mucho de lo que tirar. Si bien la petición voluntaria de concurso prevé la negociación con los acreedores para sacar adelante las empresas en dificultades, la inmensa mayoría de las veces se solicita para evitar responsabilidades mayores pero sin un horizonte de solución real. Será también en ese momento cuando el Ayuntamiento decida si va a solicitar o no la rescisión del contrato, algo que podría haber hecho por el impago de varias mensualidades consecutivas del alquiler.
el pulso. El motivo que esgrimen en el uno de Plaza Mayor para no haber actuado antes es que existen dos frentes judiciales abiertos por los responsables de la empresa arrendataria. En ambos casos piden dinero al Ayuntamiento al entender que se produjeron una serie de negligencias en el funcionamiento de los servicios municipales que provocaron un daño patrimonial considerable. Uno de esos procedimientos está señalado para diciembre y en él se dilucida el coste de haber obligado a variar el proyecto presentado por la mercantil sin motivos objetivos. El Ayuntamiento admite su culpa pero la cifra en 8.000 euros (cantidad que cubriría su seguro), pero los inquilinos quieren 27.000.
El segundo procedimiento es el ordinario por los retrasos en la concesión de las licencias, lo que, según han sostenido siempre desde la mercantil, causó un gran daño en forma de lucro cesante. Lo cuantifican en 127.000 euros. El Ayuntamiento considera que no deben pagar ni un sólo céntimo. Ahora puede que tampoco lo cobren.