Antes de cumplir los cien días de gobierno, la nueva Junta de Castilla y León ya tiene convocada su primera huelga general y se enfrentará a su primer ‘otoño caliente’. Gobierno y sindicatos CCOO, Csif y UGT rompieron ayer las negociaciones al no alcanzar un acuerdo para recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos. Tras una reunión que se prolongó durante sólo 30 minutos, los representantes de los trabajadores manifestaron su indignación, dado que el Ejecutivo reiteró su voluntad de consenso «pero en ningún momento ha puesto una alternativa sobre la mesa». E incluso se sintieron «amenazados» con la posición del Gobierno, tal y como aseguraron a la salida de la reunión. De este modo, a la salida del encuentro confirmaron su calendario de movilizaciones, que incluye una huelga general el 6 de noviembre, cuatro días antes de las EleccionesGenerales.
El encuentro, que solo contó con la presencia de un consejero, el de la Presidencia, Ángel Ibáñez, así como de otros directores generales de Educación, Sanidad y Economía y Hacienda, y los representantes de CCOO, UGT y Csif, Rosa Arribas, Tomás Pérez y Raquel Fernández, finalizó sin que las dos partes acercaran posiciones, lo que desató el malestar de la parte sindical. De hecho, según aseguraron los sindicatos, Ibáñez «se levantó de la mesa» sin presentar alternativa y argumentó que «no había nada de que hablar».
A la salida, donde estuvieron respaldados por medio centenar de empleados públicos, aseguraron sentirse «amenazados» y criticaron la actitud del Ejecutivo por no aceptar su propuesta de aplicar a partir del 1 de enero las 35 horas y mantener desde el 1 de octubre el horario de verano existente en algunos servicios. De esta forma, advirtieron a la Junta de que a partir de ahora los contactos serán con el comité de huelga, ante el paro general previsto para el 6 de noviembre.
En este sentido, la coordinadora del Área Pública de CCOO, Rosa Arribas, insistió en las amenazas del Ejecutivo. «Cada uno cumple su papel, que lo sepa la ciudadanía», comentó, tras un encuentro que calificó de «muy decepcionante». Incluso, prosiguió, el «peor momento» ha sido cuando el consejero ha leído una carta que Carlos Fernández Carriedo envío al Ministerio de Hacienda hace un mes en el que preguntaba «si les pagarían las entregas a cuenta si aceptaban aplicar las 35 horas y, por tanto, reducir el gasto». «Quieren culpar al Gobierno», sentenció Arribas, quien lo situó en clave electoral.
En la misma línea, la responsable de Acción Sindical de Csif, Raquel Fernández, cargó contra Ibáñez, que «se ha pasado toda la reunión hablando de voluntad pero no ha ofrecido ninguna alternativa y se ha levantado de la mesa. Ya sólo les queda negociar con el comité de huelga», anunció.
Calidad de los servicios
Fernández señaló que en la reunión Ibáñez justificó que «no se cumple la equidad, el gasto y no se puede garantizar los servicios públicos de calidad». Una afirmación que dolió especialmente a los sindicatos, dado que para ellos es una «amenaza más». «¿Nos quiere decir que si aceptan la propuesta no vamos a prestar igual los servicios públicos?», se cuestionó Fernández con cierto enfado. «Se puede decir que directamente no ha querido negociar, porque no ha presentado ni propuesta alternativa», comentó la responsable de Csif.
Por su parte, Tomás Pérez, de UGT, habló del daño que la Junta hace con la rotura de estas negociaciones y lo vinculó a «una campaña contra los empleados públicos». «Su objetivo es poder decir que somos caros y transmitir que somos vagos. Por eso, pedimos a la sociedad que no les crea, porque si hay facultad para bajar el Impuesto de Sucesiones a los ricos también lo hay para cumplir el acuerdo», sentenció.
Voluntad de consenso
Por su parte, desde la Junta emitieron un comunicado en el que hicieron un llamamiento a las organizaciones sindicales para «acordar la aplicación efectiva de la jornada ordinaria de 35 horas para los empleados púbicos de la Comunidad». La meta del Gobierno regional es hacerlo, tal y como ya han anunciado, a lo largo de la legislatura. Una postura que ya avanzó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que reiteró su «compromiso claro e inequívoco» con la aplicación de las 35 horas, pero consideró que el acuerdo firmado en mayo con los sindicatos era una demanda para el nuevo Gobierno y «no dice que se aplique a partir del 1 de enero de 2020».
En este sentido, recordaron que existe una «firme voluntad» de aplicar la medida y que «seguirá trabajando para garantizar que se haga asegurando la correcta prestación de los servicios públicos a todos los castellanos y leoneses».