Gerardo Isla plantó en 2003 cincuenta nogales en una finca de 5.025 metros cuadrados que acababa de heredar en Villalaín. Hoy crecen esbeltos y dan entre 400 y 500 kilogramos de nueces cada año. Su propietario, quien disfruta con estos árboles del tiempo que le brinda su jubilación, está convencido de que el nogal podría ser un cultivo viable en Las Merindades, siempre que se apostara por grandes extensiones. Para dar acondicionar su finca logró incluso una ayuda a la forestación de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Europea. Fue simbólica dentro de la inversión realizada, pero fue un apoyo de la Administración al fin y al cabo. Lo curioso es que desde noviembre de 2015, una línea imaginaria, una de esas que se pintan desde los despachos, ha partido en dos su finca al convertir una de sus mitades en suelo urbano, en virtud de la revisión de las normas urbanísticas de Villarcayo. Se enteró en 2017, cuando le llegó el primer recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la contribución, correspondiente al año 2016, el primero en que su finca ya era urbana.

A la recalificación municipal de muchos terrenos antes rústicos se unió a otra circunstancia, la entrada en vigor en 2016 de la actualización de los valores catastrales del suelo aprobada por la Dirección General del Catastro para Villarcayo y otros 150 municipios burgaleses. El valor del suelo en Villarcayo no se revisaba desde 1999 y ello elevó exponencialmente el coste del IBI a más de 5.000 propietarios. Como Gerardo Isla, su vecino de «91 años y medio», Gabino Martínez, se encontró con la misma sorpresa. Pagaba 2 euros de contribución rústica por su huerta de toda la vida junto a la iglesia y su nuevo recibo se elevó hasta rozar los 300, según explica a DB. Aunque se lo toma con humor y afirma que «las lechugas y los tomates me salen a precio de oro», también lamenta que las gestiones realizadas por su hija ante las administraciones no hayan dado resultado alguno.

Injusto. Cerca de ellos, Julio García, de 81 años, vive la misma situación. Como sus vecinos, nadie en su familia se enteró de los periodos de alegaciones a la revisión de las normas urbanísticas en los que hubieran podido plantear que sus terrenos siguieran siendo rústicos. «Es muy injusto lo que han hecho. Es completamente absurdo considerar urbano un suelo donde se sabe que nunca se va a construir por mucho que cambien las cosas», señala Solines, esposa de Julio.

Huertas a precio de oroEn Villalaín, las normas de 2015 se sacaron de la chistera 30.000 metros cuadrados de nuevo suelo urbano, todo un filón para las arcas municipales que reciben cada año 1,9 millones de euros de los recibos del IBI de urbana del municipio. En el pueblo ya había otros 60.000 metros de suelo urbano sin edificación ni desarrollo alguno. Gerardo Isla, que como otros vecinos ya ha puesto el asunto en manos de un abogado, no comprende cómo se tomó esta decisión cuando en los últimos diez años, en Villalaín solo se ha construido una casa y el 90% están cerradas 10 meses al año. El pueblo tiene poco más de 50 empadronados y este afectado defiende que «los pueblos vacíos no se van a llenar de nuevos vecinos ampliando las zonas urbanas ni subiendo los impuestos».

Él ha logrado que la Gerencia Territorial del Catastro en Burgos, dependiente del Ministerio de Hacienda, haya estimado parcialmente uno de sus recursos y haya reducido el valor del suelo urbano de su finca casi la mitad y de 175 a 106 euros, sus recibos, al considerar que su tierra es ahora «inedificable» por cuanto carece de acceso a calle pública y de los servicios precisos para levantar una vivienda. 

No obstante, Gerardo Isla quiere ir más allá y luchará para que su finca vallada desde antes de 2015 vuelva a ser clasificada en su totalidad como rústica a todos los efectos.  Para ello podría promover ante el Consistorio una modificación puntual de las normas, pero el alcalde, Adrián Serna le ve pocas posibilidades de éxito, «porque ha de argumentarse un interés general para cambiar la calificación del suelo y, en este caso, se trata de intereses particulares». «Era el momento del boom»,  recuerda el alcalde, para explicar por qué anteriores corporaciones ampliaron los cascos urbanos de las pedanías que, lejos de crecer, pierden población. La unión de muchos afectados en una acción colectiva que instara al Ayuntamiento a realizar una nueva revisión de las normas urbanísticas podría cambiar las cosas, a juicio de algunos juristas, quienes, de momento, se decantan por pleitear individualmente por sus clientes de las pedanías y también propietarios de suelo en el núcleo urbano de Villarcayo, en virtud de las sentencias del Tribunal Supremo que están obligando a ayuntamientos a cobrar el IBI de rústica a terrenos urbanos sin desarrollo.