Después de casi siete años de instrucción en el Juzgado número 1 de Villarcayo, por el que han pasado, al menos 4 jueces desde 2014, el propietario de la empresa cántabra Codefer S.L., Roberto Salido, se sentará a partir del 1 de marzo en el banquillo para ser juzgado de un posible delito contra el medio ambiente por el relleno en 2013 de la antigua cantera de Torres de Abajo con material de siderurgia valorizado. El Juzgado de lo Penal nº 1 de Burgos celebrará la vista en 3 días para tomar declaración a los 22 testigos y un cuarto para la emisión de las conclusiones finales, que dejarán el caso visto para sentencia.
Por el camino, Codefer ha tenido que hacer frente a fianzas millonarias, nada menos que de 4,8 millones de euros la empresa y de 2,9 millones más el empresario Roberto Salido, quien se vio forzado a deshacerse de sus 20 trabajadores, al tener las cuentas bancarias embargadas. El caso llega al juicio con la petición del fiscal de una pena de 2 años de prisión por un delito contra el medio ambiente, en la que coincide con la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento del Valle de Valdebezana. En lo que se alejan sus acusaciones es en la petición de multas, puesto que el fiscal solicita 18.250 euros para Roberto Salido y 73.000 euros para la empresa Codefer, mientras que el Consistorio reclama de 8.400 euros para Roberto Salido y 3,6 millones, para la empresa.
En su escrito de defensa, que fuera de lo habitual fue solicitado por el Juzgado de Villarcayo en mayo de 2019, mientras que las acusaciones ya habían presentado los suyos en noviembre de 2017, se insiste en que la empresa Codefer «era gestor autorizado para valorizar escorias de procesos siderúrgicos» y como en Cantabria, País Vasco o Cataluña los materiales utilizados en Valdebezana se consideran «materiales no peligrosos», mientras que «en Castilla y León no existe normativa específica para la valorización de estos residuos de empresas siderometalurgicas», básicamente por carecer de las mismas en la región. La empresa también apoya su defensa en que ningún informe de Medio Ambiente o de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha determinado que exista contaminación ni peligro medioambiental debido a las escorias con las que se rellenó el hueco de la antigua cantera y se acondicionaron 2 kilómetros del camino La Hoya. Asimismo, la empresa insiste, como lo ha hecho en los últimos años con multitud de informes periciales en que «ha retirado todos los residuos» del hueco, como le requirió en su día el Juzgado de Villarcayo como medida cautelar.
Sobre un acuífero. Mientras, el fiscal sostiene que la cantera se encuentra en una zona de «vulnerabilidad muy alta a la contaminación de las aguas subterráneas», por tratarse de una zona de recarga del acuífero, estar en una zona kárstica de cuevas Piscarciano-Vacas-Arenas que descargan sus aguas en el río Trifón y a la existencia de un punto de abastecimiento de agua en la zona de descarga del acuífero. Además, indica que los lixiviados -líquidos- de los residuos procedentes de Sidenor «presentan concentraciones variables de bario, cromo, molibdeno, mercurio y plomo que podrían percolar en el subsuelo e infiltrarse en el acuífero». En la analítica de los depositados en Torres, según el fiscal había una «elevada concentración de cromo», que superaba los valores de referencia para los suelos de uso industrial establecidos en algunas comunidades autónomas.
A ello añade que las muestras tomadas en 2015 arrojan que los lixiviados «presentan concentraciones de plomo, molibdeno y cromo y otros parámetros (fluorudo, índice fenol y STD), que superan los umbrales establecidos para la admisión en un vertedero de residuos inertes». En cambio, las muestras de los residuos del camino «no superaban los umbrales». El fiscal insiste en que «la inadecuada gestión de los residuos industriales... supone un grave riesgo medioambiental y, si bien, la presencia de escorias en la cantera no ha causado daños en la vegetación y la fauna del entorno ni en el dominio público hidráulico, estos pudieran materializarse» en el futuro. El Consistorio mantiene argumentos similares y recuerda que la zona pertenece al Parque Natural protegido de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón.