Si perder a un hijo es una de las situaciones más tremendas que puede experimentar una persona, que esa circunstancia se viva debido a una decisión administrativa que es considerada arbitraria por la familia es un trago que están viviendo Mari Carmen y Marcelino y que no se lo desean a nadie. Por eso llevan años peleando en los juzgados para volver a vivir con sus hijos y a pesar de que los tribunales han fallado una y otra vez en su contra y a favor de los movimientos que ha hecho la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta -entidad responsable de la protección a la infancia- para que los dos menores estén ahora mismo en una situación de preadopción con una familia en otra provincia, ellos siguen adelante. ¿Qué razón les mueve? Piensan que el proceso ha estado trufado de decisiones injustas, de políticas de hechos consumados, de un escaso interés por las circunstancias vitales de la pareja y de argumentos muy vagos y poco concretos sobre su capacidad para cuidar de sus hijos, una niña de seis años y un niño de 9, y no pierden la esperanza de ser comprendidos en una instancia jurídica.

Así, han presentado una demanda de oposición a la resolución administrativa por la que se decidió dar a los menores en guarda con fines de adopción, y la batería de argumentos con la que defiende su postura es prolija y, según explicó su abogado, Pablo Monsalve Gil-Fournier, pone en evidencia la subjetividad de los servicios sociales que, en este caso, asegura, resulta fatal para el bien de los menores que es siempre el que hay que proteger por encima de cualquier otro.

Los hechos se remontan al año 2013 cuando esta familia, formada por Marcelino y Mari Carmen y cuatro hijos, dos mellizos de once años, fruto de una anterior relación de ella, y los dos pequeños sobre cuya custodia ahora pelean, se desgaja. En julio, la Junta saca del domicilio a los dos mayores y en septiembre a los pequeños. Recuerda la mujer que el despliegue policial para llevarse a las criaturas no solo le asustó a ella sino a los pequeños: «A por el niño fueron al colegio y a la niña me la arrancaron de los brazos e iba llorando». Marcelino dice que desde entonces está destrozado: «Son mis hijos y me los han quitado sin razones».

A esta situación se había llegado por los problemas económicos que en un contexto de dura crisis en todo el país sufría la pareja -ahora separada- ya que estaban los dos en el paro y esto provocaba un intenso malestar y que las peleas entre ellos fueran frecuentes. Por eso pidieron ayuda a los servicios sociales que realizaron una declaración de desamparo de los niños alegando la «falta de habilidades» y la «falta de interiorización de los problemas» que presentaban los padres que, inmediatamente, recurrieron esa decisión en diferentes instancias sin ningún resultado. Los niños pasan entonces tres meses en un centro de Mensajeros de la Paz y cuatro años y cuatro meses con una familia de acogida.

En junio de 2017 Servicios Sociales emite un informe técnico en el que se concluye que no es posible el retorno de los menores con sus padres y los declara susceptibles de adopción. En su demanda la pareja argumenta que nada sabía la Administración de cómo habían mejorado sus circunstancias vitales en todo ese tiempo -ahora los dos disponen de un empleo que les aporta recursos suficientes para cuidar de sus hijos, además de vivienda y un entorno social seguro- ya que es de diciembre de 2016 la última referencia que tiene la Junta de ellos remitida por el punto de encuentro, que es lugar en el que regular y activamente los padres se encontraban con los niños durante el periodo de acogimiento para no perder el vínculo. La última intervención directa con ellos, además, es de octubre de 2015, cuando se da de baja al padre del Programa de Intervención Familiar. Desde esa fecha, recuerda el abogado, la Administración no hizo ninguna gestión para apoyarles o ayudarles al retorno de sus hijos.

Por otro lado, en el informe que Servicios Sociales redacta para hacer suspender definitivamente las visitas con los padres y proceder a la adopción se señalan como carencias de la pareja la «incapacidad» de la madre, el concepto que el padre tiene sobre el funcionamiento de la familia, su escasa colaboración y su falta de conciencia ante los problemas y de habilidades para poder garantizar la seguridad y bienestar de sus hijos. Ellos se defienden diciendo que la Junta no concreta nada sobre cuáles son esas carencias ni los supuestos problemas ni la falta de garantías para cuidar de los menores. Sobre la madre, se dice que es «incapaz» pero no se acredita tal incapacidad ni existe ningún certificado que lo avale. Lo que sí está corroborado por el Centro Base de Burgos es que tiene una discapacidad auditiva y, en menor medida, visual. La defensa de esta pareja ha hecho llegar al juzgado, además, informes psicológicos tanto del médico del sistema público como de dos psicólogos privados que ponen de manifiesto que esta mujer está capacitada para el cuidado propio y de terceras personas. De hecho, trabaja cuidando a una anciana, cuya familia también ha aportado un informe alabando el buen hacer de Mari Carmen. También aportan todo tipo de referencias de los empleos y de la vida social de los dos miembros de la pareja y a su situación emocional que, según los profesionales, no evidencia ninguna adicción ni trastornos mentales que pudieran interferir en la crianza de los niños.  

«FALTA DE INTERÉS».

La pareja presentó, pues, un escrito mostrando su disconformidad con la decisión  de la Junta, lamentando la falta de interés que ha tenido la Gerencia para favorecer el retorno con sus hijos «y explicando cómo el niño mayor había verbalizado su deseo de estar con su padre biológico». Paralelamente, los abuelos maternos hacen llegar a la Fiscalía otro escrito manifestando su sorpresa y total rechazo al hecho de que la Administración tomara una decisión tan importante sin haberles consultado y, por tanto, sin haberles dado la oportunidad de ofrecerse ellos mismos como receptores de los niños, y rogando que no se lleve a cabo la adopción.

Se quejan también los padres del sesgo de la Gerencia de Servicios Sociales, que omite todas las referencias positivas -que son muchas- que hay en los informes de la entidad que gestiona el punto de encuentro: «La decisión de dar en adopción a los niños no se fundamenta en ningún informe contrastado y objetivo que ampare la incapacidad de la pareja para ser padres y las argumentaciones emitidas en los informes son fórmulas estereotipadas que se repiten sin haber sido demostradas ni contrastadas».

El letrado hace referencia a la doctrina existente en esta materia  y según la cual solo se adoptará una medida protectora si no se puede resolver la situación de los menores con otra de menor intensidad y que las medidas que conllevan la separación del menor de su familia solo han de adoptarse ante una situación de riesgo: «Estos padres llevan desde 2013 oponiéndose a todas las resoluciones que les impiden la relación con sus hijos y, por otro lado, en ningún momento la Administración ha contemplado la situación social, laboral y psicológica que tiene la pareja ahora».

El juicio en el que se iba a sustanciar esta demanda estaba previsto para el 9 de enero pero se suspendió sin fecha debido a que se ha solicitado por el juez un nuevo informe psicosocial de los padres que deberá ser realizado por el personal de los juzgados. La pareja está profundamente dolida porque esta decisión va a alargar más en el tiempo -probablemente hasta un año- la separación con sus niños.

La Gerencia de Servicios Sociales no ha querido pronunciarse sobre este caso. «No queremos, de ninguna manera, vulnerar la intimidad de los menores», indicó la gerente, María Antonia Paniego, quien asegura que las actuaciones «se hicieron teniendo en cuenta como objetivo prioritario velar por el interés del menor y, de cualquier forma, durante todo este tiempo las vías legales siempre han estado ahí para atender sus demandas».