Las nuevas escaleras y la rampa de acceso a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León pisan suelo de dominio público en la glorieta de Bilbao. No es la primera obra ni la última que colisiona con una propiedad municipal aunque, en este caso, la Administración regional lo sabía y, según concluye una resolución del Servicio de Licencias, falseó la Declaración Responsable y no cumplió con las alineaciones del Plan General de Ordenación Urbana.Su actuación se fundamentó en una futura modificación puntual del PGOU que corregiría el error, argumento que sí coló en el informe municipal de Arquitectura pero no en el de Vías Públicas, donde se alertó de «un posible trato de favor» a la Junta.

Las irregularidades ya se detectaron en la solicitud de licencia de obras, presentada en el 27 de octubre de 2016, en la que la Junta planteó reformas que incluían la redistribución de la planta sótano de la sede territorial para la ampliación del archivo, obras de reparación de la impermeabilización del techo de garaje y la reforma de los accesos. El  presupuesto de ejecución material se cifró en 162.485 euros.

Los técnicos de Arquitectura advirtieron que había «discordancias» entre los planos del Catastro, las alineaciones del PGOU, la parcela original y lo que se quería ejecutar.

En concreto, el proyecto contemplaba la reconstrucción de la escalera de acceso al inmueble, que presentaba problemas de asentamientos, incluyendo en la esquina de la misma un chaflán, que hoy luce el logo de la Junta. Asimismo, se reconstruiría la rampa de acceso, con 4 tramos de un 6% de pendiente y con mesetas intermedias.

Así, según se constató, el conjunto de la escalinata de acceso y la zona adyacente anterior a dicha escalinata no encajaban en los límites de la parcela de equipamiento en la que se iba actuar.

El problema detectado, según consta en el expediente de Arquitectura, supuestamente se resolvió en las reuniones que mantuvieron el equipo redactor del proyecto y los integrantes de los servicios técnicos municipales de Patrimonio, Fomento y Arquitectura. Se quedó en que «si bien la irregularidad detectada debe corregirse, las discordancias no deben ser motivo para retrasar las actuaciones proyectadas», un criterio que no se ha aplicado en actuaciones de particulares u otras instituciones. Es más, según consta en el documento, todo se fio a una modificación puntual del PGOUvigente que se elaborará «a la mayor brevedad».

El supuesto acuerdo de las reuniones vino a truncarse por un expediente de Vías Públicas, Conservación y Mantenimiento, donde saltaron las alarmas al ver que se ejecutaban obras sin permiso en suelo municipal. Vías Públicas advirtió de que en la Declaración Responsable presentada por la promotora se afirma que «las obras a ejecutar no implican el uso privativo ni ocupación de los bienes de dominio público» lo que considera «incompatible y no veraz con la propia documentación presentada, no siendo cierto que no se efectuaban obras en la vía pública».

Entiende que este incumplimiento de la normativa vigente es sancionable, «con paralización de las obras y aplicación de la disciplina urbanística prevista en la legislación». Asimismo, pasa informe a los departamentos que se reunieron con los promotores para pactar la modificación del PGOU. «Puestos en contacto con el jefe de Patrimonio -relata- en dicho momento muestra su sorpresa puesto que sus indicaciones nunca fueron la de vulnerar la legalidad vigente ni permitir irregularidades».

El expediente de la Sección de Vías Públicas alerta ante el posible trato de favor a la Junta, ya que «se está dando como hecho fáctico una futurible propuesta de modificación del PGOU». La Junta presentó un recurso de reposición, que fue desestimado por Licencias.