Hasta el pasado 8 de mayo el Ministerio de Fomento y la empresa adjudicataria del primer tramo de la A-12 no firmaron el acta de suspensión temporal de la obra, pese a que los trabajos llevan sin avanzar en la práctica desde finales de 2017. Esta nueva prueba de la desconexión entre la realidad y los tiempos de la administración se ha conocido gracias a la respuesta que la Demarcación de Carreteras del Estado ha proporcionado a uno de los propietarios afectados por las expropiaciones, quien solicitaba la reversión de su parcela.

La petición ha quedado desestimada porque, siempre según el Estado, las actuaciones «no han estado suspendidas más de dos años por causas imputables a la administración o al beneficiario de la expropiación». Y es a continuación cuando revela la fecha de esa suspensión.

Fue el 11 de marzo cuando el director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT, la empresa pública que se encarga del proyecto) emitió una resolución al respecto, aunque el acta correspondiente no se firmó por parte del director de la obra y de la empresa adjudicataria hasta casi dos meses después, el 8 de mayo.
A petición de este periódico, desde el Ministerio de Fomento aclaran que «el procedimiento habitual es que cuando se tramitan modificados se suspenda la parte de obra afectada por la modificación» y «en muchas ocasiones la suspensión llega a ser total en función del calado de las modificaciones, como es el caso».

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