Múltiples irregularidades contables, administrativas y laborales que presuntamente se traducen en cinco empresas ‘fantasma’ que facturaron por servicios no justificados la cantidad de 404.000 euros y retribuciones al alza no acreditadas de dos profesores. Esta es la denuncia que se ha remitido a la Fiscalía Provincial después de que la Fundación de la Universidad de Burgos realizara sendas auditorías (una interna y otra externa) sobre el Título Propio ‘Especialista Universitario en Gestión y Administración Inmobiliaria’ y detectara numerosas anomalías, consideradas lo suficientemente graves como para ponerlas en manos de la justicia. Según ha sabido este periódico, la denuncia interpuesta por el presidente de la Fundación, Manuel Pérez Mateos, sobre un informe del actual gerente de ésta, Jorge Izquierdo, habla de presuntas irregularidades que pueden tener relevancia penal y ser consideradas delictivas.
El informe señala como especialmente grave una constatación, siempre según la investigación de la gerencia, de que entre los años 2001 y 2018 la Fundación de la UBU, cuyo gerente era entonces Luis Javier Fierro, pagó facturas por importe de 404.000 euros a cinco sociedades mercantiles por servicios no justificados y presuntamente no realizados, vinculados al citado título propio dirigido por José María García-Moreno, exsecretario general de la UBU, y coordinado por José Luis Peña Alonso, exvicerrector de Empleabilidad y Empresa de la UBU (que son a su vez los profesores sobre cuyas retribuciones al alza también han sido denunciadas); empresas todas ellas relacionadas con una misma persona, administrador de fincas, a la sazón profesor del título propio.
El hecho en sí de que cinco empresas que facturaran a la Fundación de la UBU ya fue motivo de sospecha por cuanto, según el informe que se halla en manos de la Fiscalía, en los archivos de la Fundación no hay antecedente alguno sobre tramitación de expedientes de contratación, petición de ofertas, presupuestos previos, celebración de contratos, ni información extracontable para ninguna de estas subcontrataciones; ítem más, en los presupuestos del título propio investigado no se incluye ninguna cantidad para subcontrataciones, salvo una partida de 6.500 euros, fija desde el año 2013, para la plataforma telemática del título. Así, la actual gerencia considera que los conceptos de las facturas de las cinco sociedades no sólo son de difícil justificación, sino que muestran indicios de acumulación, fraccionamiento de contratos y concatenación.
Durante el proceso de elaboración del informe que está en manos de la Fiscalía la gerencia de la Fundación solicitó información, en algunos casos con requerimientos notariales, a las cinco sociedades mercantiles, encontrándose en cuatro casos con lo mismo: empresas sin empleados y sin otros clientes que la Fundación de la UBU; y en uno con una sociedad mercantil cuyo objeto social nada tenía que ver con la actividad por la que emitió la factura (la elaboración de un proyecto para un curso de administración de fincas). Todas las facturas, que suman los 404.000 euros, recibieron la conformidad expresa de los profesores García-Moreno y Peña Alonso, así como del gerente durante la época investigada, Luis Javier Fierro.
(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)