El horizonte se volvió negro a mediados de marzo para el sector vinculado a la obra pública, una parte de la economía que mueve millones de euros en inversión y que genera una gran cantidad de puestos de trabajo, directos e indirectos, que sin embargo son muy sensibles al momento económico. Cuando la administración se esfuerza es capaz de generar mucho, pero cuando se retrae sufre enseguida. Por eso la Cámara de Contratistas de Castilla y León dio la voz de alarma nada más iniciarse la pandemia, pero por fortuna en el caso de la provincia de Burgos los malos augurios no se han concretado tanto.
Según los datos de los que dispone este organismo autonómico, a partir de un avance del periodo enero-julio, en el territorio burgalés se han licitado 43,8 millones de euros, lo que suponen solamente dos millones menos (un 4,3%) que los 45,8 registrados en el mismo periodo del año anterior.
La caída es muy inferior a la del conjunto de la Comunidad Autónoma, donde la bajada supera el 17%, y deja a la provincia como la segunda mejor solo por detrás de Soria, donde curiosamente la licitación de obra pública ha aumentado respecto al pasado ejercicio.
La tendencia en Burgos es contraria a la del resto de Castilla y León, y la razón la encontramos en el esfuerzo realizado por las administraciones locales. Este apartado en el que entrarían los 371 ayuntamientos y la Diputación Provincial ha licitado 95 actuaciones de edificación o de obra civil, por un importe total de 29,9 millones de euros que suponen un 44,8% de crecimiento respecto a los 20,6 del año anterior, aunque entonces el número de obras era muy superior puesto que llegaban a las 166, casi el doble de las actuales.
Frente al esfuerzo inversor de la administración local, en el otro extremo destaca en negativo el Estado central. Desde Madrid únicamente se han licitado 13 obras por un ridículo importe de 0,8 millones de euros, lo que representa un desplome del 93,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Enorme descompensación. Siempre según los datos avanzados por la Cámara de Contratistas, la administración autonómica se queda en un plano intermedio, de práctica congelación, puesto que sus 50 actuaciones por importe de 13,2 millones de euros implican una mínima bajada del 1,7% frente a los primeros meses de 2019.
De esta forma, el esfuerzo de los ayuntamientos y de la Diputación constituye, en el caso de la provincia de Burgos, el 68% de todas las contrataciones de obra pública del periodo enero-julio frente al 30% que aporta la Junta de Castilla y León y el 2% del Gobierno central.
Habrá que esperar a la segunda parte del año para comprobar si las administraciones son capaces de recuperar la tendencia y acercarse al año pasado, que se cerró con 434 licitaciones de construcción y obra civil por un importe de 153 millones de euros, un 4,2% más que en 2018 y el mejor dato en un lustro.