No hay plan B y queda poco tiempo», asegura Jorge Solana, vocal asesor del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Él es uno de los cuatro expertos que se sientan alrededor de una mesa para debatir sobre los desafíos a los que se enfrenta la humanidad en la próxima década. Retos impresionantes, enormes, descritos en los 17 objetivos de desarrollo que la comunidad internacional se dio a sí misma en 2015 por acuerdo de la Asamblea General de la ONU. Entre ellos, figuran algunos como el fin de la pobreza y el hambre, educación para todos, acceso al agua potable y a una red de saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico. La tarea es ingente, pero «esta es la ocasión, no hay tiempo que perder», sostiene Solana.
Junto a él, que representa a la administración, se sientan para hablarnos sobre todo esto representantes de la sociedad civil: Laura de Vega, directora de Desarrollo Sostenible de Aquona que viene de la empresa privada; Sara Escudero, coordinadora provincial de Cruz Roja en Ávila, aporta la visión de una ONG, y Federico Fernández, delegado del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha para Sostenibilidad y Política Ambiental, que contribuye con una perspectiva desde el mundo de la educación y la enseñanza.
«Lo vemos como muy lejano porque quedan 11 años pero, en realidad, es muy poco para conseguir esos objetivos tan ambiciosos», reconoce Escudero desde su ámbito de Cruz Roja. «Son metas globales, no se puede conseguir uno sin el otro», afirma, «no es posible conseguir uno sin lograr otro, están todos vinculados», subraya al respecto.
Desde Aquona, una empresa que gestiona el agua que bebemos en muchos municipios de Castilla y León y Castilla La Mancha, Laura de Vega, considera que precisamente este elemento vital es muy transversal y tiene mucho que ver no solo con el objetivo específico de suministrar agua y saneamiento a todo el mundo sino con otros muchos, como el de la salud y bienestar, el relativo al consumo y la producción sostenible, el que tiene que ver con lograr ciudades sostenibles o el número uno, el de erradicar la pobreza, entre otros.
Así, asegura De Vega, en Aquona están «muy comprometidos» con el derecho humano al agua. En España, explica, hay 10 millones de personas en el umbral de la pobreza y ellos pretenden «que nadie se quede atrás, de tal manera que quien no pueda pagar el recibo no se quede sin agua» para lo que, en colaboración con los ayuntamientos, disponen de «fondos y tarifas sociales». En concreto, explica, «ocho de cada 10 hogares en las ciudades en las que opera Aquona tienen acceso a un fondo o tarifa social».
Y es que, añade sobre este asunto en particular la representante de Cruz Roja, «el acceso al saneamiento básico y al agua potable ha salvado más vidas que las vacunas». A su juicio, «es la base de la lucha contra de la pobreza, de la persecución de la igualdad, de la garantía de salud y, sobre todo, también necesita de educación y formación», apunta. En definitiva, el agua está «muy vinculada al desarrollo de las poblaciones».
Cruz Roja trabaja en el ámbito internacional en proyectos relacionados con la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, los derechos de la mujer y la igualdad. «Pero también tenemos un prisma nacional», declara Escudero, «especialmente en lo relativo a sensibilización para promover acciones que nos involucren a todos». En Castilla y León, por ejemplo, llevan a cabo charlas y campañas con niños, jóvenes y personas mayores a los que explican «no sólo cuáles son esos objetivos sino haciéndoles pensar qué pueden aportar ellos, porque a veces parecen metas muy grandes y no nos damos cuenta de que son responsabilidad de todos: personas individuales, empresas, gobiernos».
En Aquona, afirma De Vega, están convencidos de que eso es así. De hecho, comenta, aportan su grano de arena en todos los ámbitos en los que se sienten aludidos como empresa. Así, por ejemplo, han logrado que toda la energía que se consume en sus instalaciones provenga de «origen renovable con lo que han evitado la emisión a la atmósfera de más de 20.000 toneladas de CO2». De igual manera, relata, protegen la «biodiversidad en las plantas que operan y reducen el uso de recursos naturales mediante aplicación de la economía circular». Por ejemplo, dice, la empresa está «transformando la depuradora de Palencia en biofactoría». Y están comprometidos con la «igualdad de oportunidades» de tal manera que, por un lado, promueven la presencia de mujeres en puestos de liderazgo y, por otro, se fomenta la contratación de personas con «diversidad funcional» dentro de la compañía. Con el objetivo de no dejar a nadie atrás el último año han invertido más de 133.000 euros en acción social, en distintos proyectos y múltiples colaboraciones con entidades del tercer sector.
La labor de la Universidad también se antoja crucial para conseguir los retos que marca la Agenda 2030. Su papel, dice Federico Fernández, está directamente vinculado, como es obvio, a la educación y a la investigación, dos de los objetivos de desarrollo que en buena medida dependen de la Universidad. «Esas dos patas son fundamentales», afirma antes de añadir que todas las Universidades «están haciendo cosas» y que la suya en concreto trabaja en 16 de los 17 objetivos de la Agenda 2030. «Todos menos el que se refiere a la sostenibilidad de los mares», por razones obvias, comenta.
Así, por ejemplo, en el objetivo de erradicar la pobreza, la Universidad de Castilla-La Mancha ha ayudado a alumnos cuyas familias se han visto castigadas por la crisis, teniendo en cuenta que la renta media de los estudiantes es el 80 por ciento de la media nacional. «Hemos tenido centenares de alumnos que no podían continuar sus carreras por falta de presupuesto a los que han ayudado para que pudieran proseguir sus estudios». «La pobreza no solo se presenta en zonas del planeta que todos tenemos en mente, sino que aquí también la tenemos cerca», concluye.
«Es verdad que son objetivos ambiciosos, tienen algo de utópicos pero eso es precisamente un factor motivacional, que nos obliga a ponernos las pilas», mantiene Solana antes de añadir que «se pueden conseguir, sobre todo si logramos que sea un esfuerzo compartido, si logramos que sea un objetivo de todos, un reto de país, más allá de quién esté en el Gobierno en cada momento».
En este sentido, asegura, lo que están intentando desde el Alto Comisionado es que la Agenda 2030 «no se vea como una agenda de Naciones Unidas, que está lejos, en Nueva York, donde los presidentes discuten sus cosas sino que los ciudadanos lo vean como algo propio, que les afecta en su día a día». Así, declara, asuntos como la movilidad sostenible y el cambio climático vinculados a su vida diaria, a cómo nos desplazamos por la ciudad o cómo llevamos a nuestros hijos al colegio, es tarea de todos y nos atañe a todos, «no solo a los políticos o a los que estamos en la administración». Por eso, considera fundamental que los ciudadanos exijan medidas «empujando desde abajo».
Eso está llegando, opinan los cuatro expertos. Si bien es verdad que la Agenda 2030 todavía no es conocida por toda la sociedad, los objetivos que persigue van calando. «Cuando un ayuntamiento implanta el cierre del centro de los vehículos contaminantes no le llama Agenda 2030 pero sí lo es», explica Solana. En este sentido, Sara Escudero cree que «no todo el mundo sabe en qué consiste la Agenda, pero sí todo el mundo habla de los contenidos de la misma o está más o menos preocupado por ellos».
No obstante, a juicio de Federico Fernández, que conoce de primera mano a los alumnos universitarios, los jóvenes todavía necesitan una mayor concienciación, ya que si bien es verdad que «se apuntan a grandes movilizaciones en el día a día no tienen metido en la cabeza lo que significa e implica la esta realidad ambiental», concluye.
«Hay una sensibilización creciente», postula De Vega. «Vemos cambios sociales y muchas cuestiones relacionadas con los objetivos de la Agenda ya están en las primeras páginas de los periódicos», añade al respecto.