Todos saben pero nadie fue. Todos conocieron pero siempre después y tarde. Todos parecen estar de acuerdo en que exorcizar a una menor en contra de su voluntad para hacer frente a problemas perfectamente diagnosticados por profesionales médicos es lo oportuno. Todos menos la propia joven y sus tíos, que no han dudado en afrontar una fianza de 3.000 euros para poder personarse en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos como acusación popular.

Porque ellos sí están convencidos de que pocas cosas, o ninguna, funcionaron como debían en el caso de María (nombre ficticio). La niña pasó por múltiples estratos del sistema público (el instituto de Enseñanza Secundaria, hospitales...) y a nadie se le escapaba el ambiente de tensión religiosa en el que crecía. Era simplemente imposible porque ella lo manifestaba en sus entrevistas con los responsables de esos centros.

Su declaración, es obvio, será la piedra angular de un proceso judicial todavía incipiente en el que la magistrada María Dolores Fresco ha hallado indicios de «la posible existencia de delitos de violencia de género, lesiones y maltrato familiar». Desde que se abriera la causa, catalizada por la denuncia, en agosto, de la -por entonces- menor de edad, se han instruido varias diligencias encaminadas a, fundamentalmente, tomar declaraciones a presuntos implicados o testigos.

Los padres de la niña, y hasta ahora los únicos imputados por la jueza, se negaron a declarar en sede judicial. A pesar de eso, sí le contaron con anterioridad a la Policía Nacional el relato de unos hechos que ayer detalló este periódico. También ha sido citada la propia María en dos ocasiones, pero por otras tantas veces el Juzgado  ha obtenido la negativa de la Junta de Castilla y León.

La comunidad autónoma ejerce la tutela de la niña desde que ésta denunciara en el mes de agosto los presuntos malos tratos recibidos en su ámbito familiar y religioso. Si bien es cierto que ya ha cumplido la mayoría de edad, no lo es menos que la red de protección de los servicios sociales de la Junta puede extenderse más allá de ese límite cuando existan evidencias de que la persona ‘custodiada’ está mejor en manos públicas que en aquellas a las que pudiera acudir.

Desde que se ordenara ejercer su tutela pública, ha residido en dos destinos diferentes, siempre dentro de al comunidad autónoma. Por ese motivo, y dada la gravedad de la denuncia, el letrado que ejerce la acusación popular en nombre y representación de los tíos de la joven no entiende por qué se ha denegado dos veces su declaración.

Ese testimonio es la pieza fundamental del caso, y también el motivo por el que el abogado ha enviado un escrito a la jueza en el que urge que se practique esa diligencia. Probablemente sirva, además, para que la instructora tome decisiones con respecto a los aludidos en la denuncia.

Los padres están imputados, pero del resto de personas citadas como parte de los hechos el Juzgado ha ordenado su identificación, si bien no ha decidido aún si los imputa, los cita como testigos o, directamente, prescinde de ellos. A esta coyuntura se aferraba el Arzobispado cuando, en el comunicado que hizo público el viernes, señaló que la «querella» continúa adelante «sin que los acusados hayan recibido todavía notificación judicial». Difícilmente, por tanto, pueden ser acusados, tal y como afirmaba la diócesis. Al menos, por ahora.