Las reformas aprobadas recientemente para dar más seguridad a la firma de créditos inmobiliarios entre entidades y particulares no goza de todos los beneficios previstos por el Gobierno. Según el Banco de España, la nueva ley hipotecaria beneficiará a los clientes en cuanto a que exige una mayor transparencia jurídica y formal, pero provocará «un aumento inevitable» de los costes de los nuevos préstamos que las entidades deberán incorporar en sus políticas de precios. 

El regulador advirtió ayer en su informe referido al primer trimestre de 2019 que los cambios en las condiciones hipotecarias mejoran «la seguridad jurídica» y contribuyem a reducir la alta litigiosidad en el sector, si bien conllevará como efectos colaterales una mayor dificultad y el endurecimiento del acceso a la vivienda.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, subrayó que los mayores gastos de constitución soportados por los prestamistas, los límites a las comisiones por amortización anticipada y retraso en la recuperación de la deuda impagada, «producirán un aumento inevitable en los costes de los nuevos préstamos, que las entidades deberán incorporar en sus políticas de precios para poder ser viables y retribuir adecuadamente su capital». 

«Está claro que la banca, como cualquier otra empresa, únicamente puede subsistir si es rentable. Por ello, para garantizar su viabilidad y lograr retribuir su capital adecuadamente, cada entidad individual debe contar con una adecuada política de precios que le permita cubrir los costes y riesgos asociados a cada préstamo, así como establecer las estructuras de gobierno y los procesos que garanticen una gestión efectiva de dichos riesgos. 

En cualquier caso, desde el Banco de España consideraron que la regulación estricta del clausulado, junto con el refuerzo de la información disponible para los clientes en la fase precontractual, contribuirá a reducir la inseguridad jurídica y la elevada litigiosidad del mercado inmobiliario nacional.

En este contexto, la subgobernadora destacado que «solo a través de un comportamiento ético con la clientela podrá la banca recuperar a medio plazo la reputación y la confianza». 

Margarita Delgado incidió, además, en el papel de las nuevas herramientas que otorga la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), que permitirán a los supervisores reaccionar y tomar las medidas correctoras adecuadas antes de que se acumulen excesivos desequilibrios en los balances bancarios.

Mientras, ayer se conoció que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá pronunciarse sobre los gastos de formalización de las hipotecas, el impuesto de actos jurídicos documentados y las comisiones de apertura a petición del juzgado de primera instancia número 17 de Palma de Mallorca.

La medida viene por que el Supremo acordó recientemente que los gastos de notaría deben dividirse entre banco y cliente, una decisión similar a la que adoptó en su momento para los de gestoría y registro, que en el caso de la inscripción deberá ser abonada por la entidad, y en la cancelación, por el prestatario, lo que ocasión una gran controversia en el país.