Acaban de cumplirse 520 años desde que el arandino Pedro Cabeza hiciese un último intento para que se cumpliese la orden de ejecución que pesaba desde siete años atrás contra su mujer. Era el 5 de febrero de 1501 cuando se firmaba el último requerimiento pidiendo justicia, de puño y letra del escribano Cristóbal de Vitoria, siguiendo el mandato de Diego Fernández de Córdoba, III conde de Cabra y Grande de Castilla, que fue nombrado virrey y gobernador de Castilla dos años antes. 

El Archivo de Simancas atesora tres legajos en los que el gobernador pedía a los corregidores de Calahorra y al obispo de esta ciudad que prendiesen a Juana de Cabeza «mujer legítima» del demandante vecino de Aranda que fue «encausada por los alcaldes de la Hermandad que a la sazón fueron en la dicha villa de Aranda» y que la condenaron a pena de muerte. ¿Cuáles eran esos graves delitos por los que se le había impuesto la pena máxima a esta mujer?
infiel con un cura. Los requerimientos que se conservan hacen un somero resumen del caso, pero al no tener el proceso completo no se conoce la versión de Juana. Según su marido «se fue de su casa y le robó todo lo que en ella tenía».

Denuncia Pedro Cabeza que, no contenta con robarle y abandonarle, estaba viviendo con un canónigo de Calahorra, Luis Sánchez, que no sólo está disfrutando de la hacienda del marido abandonado sino también de su mujer. «Ha sido y se aparece pública manceba y que ha parido de él» varios hijos, según se deduce del plural que se usa en los documentos al referirse a la descendencia ilegítima que ha tenido Luis Sánchez con Juana de Cabeza, «que no la quiere dar ni entregar».

El marido cornudo y robado había intentado en varias ocasiones que se cumpliese la sentencia que pesaba sobre la que aún consideraba su esposa legítima, aunque le hubiese dejado sin nada. Pero la posición del canónigo Luis Sánchez «hombre principal y emparentado en la dicha ciudad» le permite eludir el cumplimiento de la sentencia con una treta en la que entran en juego las fronteras de los reinos en aquel inicio del siglo XVI.

«El dicho canónigo envía a la dicha su mujer y la dicha hacienda a un lugar que se llama San Adrián, que es de un Vergara pariente de dicho canónigo, que es a media legua de la dicha ciudad de Calahorra, en el reino de Navarra», se lamenta Pedro Cabeza ante el Consejo de Castilla, porque en aquella época no había tratados de extradición entre reinos y no se podía pedir a los navarros que prendiesen a alguien para hacer cumplir la justicia castellana, que no tenía vigencia alguna en el vecino reino de Navarra.

Pero no quedan ahí las tretas de esta mujer para esquivar la acción de la justicia, llegó a cambiarse el nombre, haciéndose llamar Francisca, «porque no sea conocida». 

En un gesto de magnanimidad, los miembros del Consejo de Castilla no piden que se ejecute la sentencia de muerte contra Juana Cabeza sin más. En el lado criminal, piden que «donde quiera y en cualquier lugar que podáis tener a la dicha Juana de Cabeza, su mujer, le prendáis el cuerpo y, así prendida, la oigáis y hagáis sobre ello cumplimiento de justicia, de manera que las partes la hayan y alcancen y no tengan razón de quejarse», dándole así derecho a defenderse.

Otro cantar es en la vertiente civil del caso, desde la que insisten en relación a la sentencia de la Hermandad que «la guardéis y cumpláis, ejecutéis y hagáis guardar y cumplir y ejecutar en todo y por todo». Vamos, que Juana de Cabeza no tenía nada que hacer en este caso y los prohombres del momento exigían que se cumpliese la pena.

Se desconoce el final de este litigio matrimonial, con adulterio con un religioso, robo de bienes e hijos ilegítimos de por medio. La falta de documentos que atestigüen el final de Juana de Cabeza o de la hacienda de Pedro Cabeza deja, cinco siglos después, espacio para echar a volar la imaginación y poner cada uno su punto final a esta historia. Lo único cierto es que los archivos históricos son una fuente inagotable de retazos de vidas reales que nos desvelan los usos y costumbres de siglos pasados.