Al discurso de apertura del Año Judicial, pronunciado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, además de la queja por la situación de anormalidad que vive el órgano de gobierno de los jueces por la ausencia de renovación obligada por la Constitución durante más de mil días, se le podría pedir algo más que la equidistancia de señalar a los dos grandes partidos políticos que han de acordarla como sus causantes, para haber apuntado quien tiene una mayor responsabilidad en que se mantenga el bloqueo, que no se debe a ambos por igual, sino en el que tiene mayor responsabilidad quien pone condiciones distintas para no proceder a los cambios, porque la situación actual le favorece y pretende que no le perjudique si dentro de dos años accede a La Moncloa. También se han echado en falta propuestas de solución, una de las cuales podría ser la dimisión en bloque de los vocales del Consejo 

Carlos Lesmes  ha vuelto a considerar insostenible el incumplimiento de la legalidad constitucional, que se hayan olvidado del 'patriotismo constitucional' que obliga al cumplimiento de la Constitución en todas sus partes y no solo en las que interesa a un determinado partido, y ha realizado una oportunísima apelación a que la renovación del órgano de gobierno de los jueces no se subordine "a razones de oportunidad política". Es de suponer que en ambas reflexiones se haya sentido concernido el Partido Popular, porque quien incumple la legalidad del mandato constitucional es quien se niega a negociar, y a quién beneficia la actual situación es quien, a la vez, falta al respeto a la propia institución y no pone sino excusas de mal pagador. El PP no estimo oportuno cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ cuando estaba en el poder con mayoría absoluta–por dos veces- como ahora reclama, y bloquea la renovación cuando está en la oposición -otras dos veces-. 

Tanto Carlos Lesmes, como la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, manifestaron, en presencia del rey Felipe VI, la necesidad de alejar la justicia de la lucha partidista, el desiderátum de todos los actores del mundo judicial, pero sobre la que ningún parido es capaz de avanzar. Para hacerlo, en cualquier caso, lo prioritario es acatar las leyes actuales y darles cumplimiento, y a continuación, proceder a cambiarlas si se considera preciso para que los jueces tengan un mayor protagonismo en la elección de su órgano de gobierno.  

En esta dirección, Lesmes, ha dejado de ser equidistante para situarse del lado de las propuestas del PP, a la hora de la elección de los vocales jueces del CGPJ por los jueces, y en la crítica a la ley que le imposibilita nombramientos mientras se encuentre en funciones y que empieza a notarse en algunos órganos jurisdiccionales, entre otros en el Tribunal Supremo. La fórmula para resolver esa anomalía, ya está dicha, forzar con su dimisión que un nuevo CGPJ asuma todas sus funciones. Tampoco ha ahorrado críticas al Gobierno por su justificación de los indultos a los presos del procés, cuando Pedro Sánchez habló de concordia y revancha. La Sala Tercera del Supremo decidirá próximamente al respecto y se verá en qué forma los jueces se manchan la toga con el polvo del camino.