El enorme pastel de la obra pública en Burgos, 144,6 millones de euros licitados a lo largo de 2018, se lo están comiendo empresas foráneas delante de las narices de las locales. Esa es, en esencia, la sensación que impera entre los miembros de la Comisión de la Contratación Pública, un organismo impulsado por la patronal FAE y que reúne a todos aquellos colectivos empresariales que tienen algo que decir en los concursos públicos que convocan las diferentes administraciones, desde las empresas de la construcción y afines, los instaladores eléctricos, los suministradores de material industrial, gestores de residuos, hasta artes gráficas, limpiezas o ingenierías, entre otros.

El pasado año, la actividad de las tres administraciones fue pareja, según el balance de la Cámara de Contratistas de Castilla y León:la Central licitó por valor de 50,7 millones de euros, la autonómica por 46,7 y las locales por 47,2, en total un 71,33% más que el año precedente.

Pues bien, FAE reconoce que desconoce cuántas empresas locales participan hoy en esa obra pública y cuántas podían haber optado a la misma si hubiesen conocido a tiempo la convocatoria de los concursos, estuviesen bien preparadas para poder optar a los mismos o hubiesen creado una UTE para reforzarse y plantear una oferta competitiva. Por no saber, tampoco se sabe si las empresas foráneas están pagando los salarios a sus trabajadores de acuerdo con los convenios que rigen en el territorio de Burgos.

La nueva comisión pretende recoger todas estas inquietudes, latentes en decenas de empresas burgalesas que ven en la obra pública local una oportunidad para crecer y consolidar sus negocios y también una amenaza por el desembarco que supone de grandes compañías multiservicios. «Queremos, por un lado, que nuestros socios estén bien preparados para concurrir a la contratación pública y, por otro, colaborar con la Administración», explica la secretaria general de FAE, Emiliana Molero.

Los empresarios quieren que los pliegos de los concursos se ajusten a la normativa europea y nacional vigente y que, «en la medida de lo posible, favorezcan a las empresas burgalesas, al igual que se hace en otras provincias con los suyos».

La comisión se reunirá una vez al trimestre, aunque las empresas interesadas contarán con el apoyo y el asesoramiento permanente de personal de la patronal, concretamente, del Departamento de Subvenciones y de Ayudas. Asimismo, se celebrarán cursos especializados para explicar la normativa y los requisitos que rigen en estas convocatorias. Tampoco que se descarta en un futuro invitar a los representantes de las diferentes administraciones.

«Queremos que el Ayuntamiento y la Diputación, especialmente, nos informen de los concursos que licitan y también de los contratos menores que activan; que inviten a las empresas locales y, además, que nos digan cuántas de las empresas contratadas son de  Burgos o de fuera», detalla Molero.

FAEinsiste en su papel colaborador con la Administración, máxime tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público y en el periodo actual de adaptación. «Vemos pliegos con errores o matizables y queremos trasladar nuestra opinión al respecto». Si hace falta presentar recursos o reclamaciones por parte de colectivos empresariales, la patronalliderará estas iniciativas.

La comisión garantiza un seguimiento de las adjudicaciones que más interés tengan entre los asociados a la Confederación. «Queremos que lo que se dice se cumpla, tanto las inversiones contempladas, como los plazos de tiempo y la contratación de personal, especialmente en los concursos más significativos».

plataforma única. La patronal critica la actual dispersión de plataformas digitales en las que se anuncian las licitaciones, lo que dificulta su seguimiento por parte de las pymes. En este sentido, aboga por un único espacio digital en el que se recojan todas las ofertas de todas las Administraciones y se favorezca la participación de las pymes, uno de los objetivos prioritarios de la nueva ley.  (Más información en edición impresa)