El marqués de Falces debe pagar por la Tizona a otros dueños 750.000 euros

I.E. / Burgos
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La Tizona se encuentra ahora en el Museo de Burgos. - Foto: Jesús Javier Matías

Un juzgado de Madrid le condena a abonar a las hijas de Salustiano Fernández la mitad de lo que sacó por vender la espada del Cid a la Junta en 2007. La pieza no está unida de forma indisoluble a su título nobiliario, dice el juez

José Antonio Suárez de Otero, actual marqués de Falces, tendrá que pagar a las hijas de Salustiano Fernández 750.000 euros, la mitad del dinero por el que vendió a la Junta de Castilla y León la Tizona, la espada del Cid Campeador. Así lo ha dictado el juzgado de primera Instancia número 72 de Madrid en una sentencia contra la que cabe recurso ante la Audiencia.
Las hermanas, que han ganado este juicio, son hijas del matrimonio formado por el pescador gijonés Salustiano Fernández y su esposa Jacinta. A ellos dejó toda su herencia en el año 1987 Pedro Fernando Velluti, marqués de Falces en la época y hermano de Olga Velluti, la madre del demandado, el noble que vendió la espada al Gobierno autonómico en 2007. Los dos familiares se enemistaron y por eso Pedro Fernando decidió hacer testamento en favor de la pareja y las hijas que le cuidaron hasta su muerte en Asturias.
Tras la venta de la Tizona, las herederas del matrimonio de pescadores demandaron al marqués de Falces, pues se consideraron copropietarias de la espada. El juez les ha dado la razón. ¿Por qué? Primero, porque la Tizona no está vinculada indisolublemente al marquesado. Para ello, señala la sentencia, «es preciso un título jurídico que así lo consigne, algo que no existe».
 No considera probado el magistrado que sea «una tradición inmemorial que el titular de la Casa de Falces tenga a su entera disposición el dominio de la Tizona». Las actas notariales que entregó Olga Velluti, madre del marqués, solo prueban «que las afirmaciones hechas en ellas las realizaron sus familiares, pero no la veracidad de las mismas».
Se pregunta el juez por qué si la espada está unida al marquesado Pedro Fernando y Olga Velluti renovaron el depósito de la Tizona en el Museo del Ejército de Madrid 8 años después de haberse repartido la herencia de su progenitor. «Esto es una prueba más de la falsedad de la afirmación», sostiene la sentencia.
La Tizona, según el fallo judicial, «es uno más de los objetos que existen en el patrimonio de los marqueses de Falces, como prueba la conducta del demandado al venderla por 1,5 millones de euros». «Esto refleja que lo relevante para él es el valor material», concluye.
La espada, como cosa indivisible, perteneció a Pedro Fernando y Olga ‘pro indiviso’, lo que quiere decir que el único camino para salir de la indivisión es adjudicar la Tizona a uno de los copropietarios indemnizando al otro. Por ello, indica la sentencia, José Ramón Suárez de Otero debió repartir los 1,5 millones con los sucesores de los herederos de su tío, o sea, las demandantes.
El letrado del marqués de Falces arguyó contra la demanda que la espada pertenece en exclusiva a su cliente en virtud de la «prescripción adquisitiva». Algo que rechaza el tribunal, que acusa al noble y a su madre de «falta de buena fe», porque conocían desde el año 1987 el contenido del testamento de Pedro Fernando Velluti, quien nombró herederos a Salustiano y su esposa Jacinta.
Tampoco cabe contemplar la existencia de una prescripción extraordinaria de seis años. Para empezar el tiempo para tal prescripción, dice la sentencia, habría que contarlo desde junio de 2001, cuando por el diario ABC el padre de las demandantes se entera de que entre los bienes de Pedro Fernando se encuentra la Tizona.
Y es que aunque tanto Olga Velluti como su hijo sabían de este extremo desde 1987, «no manifestaron nada a sus copropietarios». Y los herederos de Pedro Fernando «solo tenían posibilidad de realizar actos interruptivos de la posesión de la espada que por herencia les pertenece desde 2001», cuando conocen por el periódico que son dueños de la misma.
La Tizona se encuentra ahora mismo en el Museo de Burgos, situado en la calle Miranda. La venta estuvo marcada por la polémica, porque el Ministerio rechazó la compra al dudar de la autenticidad de la pieza.