La postura generalizada entre los expertos juristas acerca del adelanto del toque de queda a las 20 horas es contraria a la decisión tomada ayer por la Junta de Castilla y León, que rechazan de plano. En resumen, consideran que el Gobierno regional no tiene potestad para anticipar la hora de confinamiento más allá del límite que impuso el Gobierno en el Real Decreto que aprobó el estado de alarma, las 22 horas. Es cierto que el Real Decreto de prórroga indicaba que las autoridades autonómicas podrán suspender la medida o flexibilizarla o modularla, pero la regresión de las medidas podrá hacerse hasta las previstas en los artículos del estado de alarma, es decir, solo a las 10 de la noche. Según estas opiniones, el Ejecutivo autonómico carece de la facultad legal de imponer restricciones mayores a los derechos fundamentales de los ciudadanos que las contenidas en el texto aprobado por el Gobierno central, que tiene rango de ley.

El decano de Derecho de la Universidad de Burgos (UBU), Santiago Bello, explica que la Junta es solo «la autoridad delegada» a la hora de aplicar el estado de alarma, pero «no tiene la potestad para modificar el régimen jurídico del mismo, una capacidad que solo posee el Ejecutivo central». En este sentido, la Junta de Castilla y León «solo puede modificar el toque de queda entre la horquilla que fija el Real Decreto 926/2020, entre las 22 horas y las 7 de la mañana». El Gobierno regional se arroga el derecho de «modular y flexibilizar» el estado de alarma, pero «modular no quiere decir ampliar», advierte Bello, quien agrega que dicha posibilidad «solo puede entenderse en el sentido de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, no de restringirlos todavía más».

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