Resolución judicial pionera por el cártel de camiones

G. ARCE
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Insta al fabricante MAN a facilitar todos los datos sobre la sobrevaloración que aplicaron a los precios de los vehículos que comercializaron entre los años 1997 y 2011

Cientos de vehículos están implicados en el cártel de camiones - Foto: Miguel Ángel Valdivielso

El Juzgado de lo Mercantil de Burgos ha dictado la primera resolución relativa al caso del cártel de camiones instando a uno de los cinco fabricantes implicados en el mismo, MAN, a facilitarle todos los datos necesarios que permitan conocer la sobrevaloración que aplicaron a los precios de los vehículos entre los años 1997 y 2011.

En el juzgado también se reclamó la misma información para las otras multinacionales implicadas (Iveco, DAF, Daimler-Mercedes y Volvo-Renault), aunque, en estos casos, las vistas fueron suspendidas.

Se trata de la primera 'data room' (así se denomina procesalmente a esta petición de datos) que se consigue a nivel nacional y que permitirá obtener la información necesaria para demandar a los fabricantes implicados en el cártel y, llegado el caso, que estos asuman los costes de todos los procedimientos necesarios en el proceso.

Es previsible, como está ocurriendo en otras provincias, que el fabricante afectado apele la resolución de primera instancia. Para ello tiene un plazo de 20 días hábiles desde la notificación de la diligencia.

La petición parte de un grupo de empresas burgalesas del transporte y la logística, las industrias metalúrgica y alimentaria, con flotas de camiones que alcanzan en conjunto hasta 400 cabezas tractoras. Están representadas por el despacho Valora BK.

En concreto, se exige a MAN Truck&Bus, entre otros datos, un listado de todos los modelos fabricados entre 1 de enero de 1990 y el 30 de junio de 2018, indicando el año de fabricación de cada modelo y la denominación comercial asignada a cada uno.

Asimismo, se solicitan datos que permitan determinar el coste total de fabricación y el coste de cada una de las partidas que integran el proceso productivo de las cabezas tractoras con el objeto de fijar los sobreprecios finales de venta al público.

Hasta la fecha, y según las primeras sentencias registradas en España, los sobrecostes estimados por los jueces en la venta de cabezas tractoras son muy variados y oscilan entre el 3% del precio de venta hasta el 21%, en algunos de los casos.

Estimación parcial. El fallo, detalla Sergio Carpio, de Valora BK, es una estimación parcial porque no atiende a las reclamaciones que pedían cuantificar los sobrecostes generados en los consumos de los vehículos comercializados entre 1997 y 2011. Además de los precios, explica Carpio, el pacto entre las marcas alentaba un retraso en la puesta en funcionamiento de los nuevos sistemas de consumo más eficientes de los camiones, lo que, entienden los demandantes, repercutió en un mayor consumo de combustible de los mismos.

Desde Valora BK se confía que a la resolución contra MAN se sumen las del resto de fabricantes implicados en el cártel de camiones que pactó los precios de sus vehículos, por lo que fueron sancionados por la Comisión Europea con una multa de 2.926 millones de euros. 

Se espera que a lo largo de los próximos meses las reclamaciones de data room de Iveco, DAF, Daimler-Mercedes y Volvo-Renault pasen por el Juzgado de lo Mercantil, aunque todo dependerá de cómo afecte el parón judicial provocado por la crisis del coronavirus. "Lo importante era tener una primera resolución porque las peticiones para el resto de marcas son idénticas".

Novedad. Otro paso complejo -por la novedad de este proceso judicial- será la manera de entrega de la documentación que exige la resolución. A este respecto, el Juzgado fija que se facilite mediante un soporte informático, aunque no determina si la visualización de los datos se hará en la sede de la marca  en presencia de los abogados representantes de la misma. "El que hemos iniciado es un procedimiento muy novedoso y esperamos todas las pegas posibles por parte de las marcas multadas".

La sanción de la Comisión Europea, dada a conocer el 6 de abril de 2017, engloba un periodo de 14 años en el que se comercializaron en torno a 150.000 camiones en España de las cinco marcas implicadas. Se abrió entonces un plazo de 5 años para que los compradores puedan reclamar judicialmente los sobrecostes que se les aplicaron en las ventas.