Uno de los principales caballos de batalla del mandato ha sido el pulso municipal mantenido con el propietario de la plaza de toros por los reiterados incumplimientos del proyecto y la vía de salida para este rocambolesco e interminable contencioso.

Sin embargo, la cuestionada solución adoptada tan solo por la alcaldesa, Raquel González, dos de sus concejales y su fiel aliado centrista, que optaron por revocar la caducidad de la licencia de obras, autorizar el uso excepcional en suelo rústico para dotar las plazas de aparcamientos y finalmente otorgaron la licencia definitiva, no pasa la criba desmoscópica.

La mitad de los ciudadanos de la capital ribereña considera negativamente esta decisión, tomada en contra del criterio mayoritario de la corporación municipal, partidaria de iniciar el procedimiento de rescisión del contrato,   solicitar la reversión del coso y exigir daños y perjuicios. Un pronunciamiento que, pese a todo, a tenor de la encuesta de intención de voto anexa no parece que vaya a pasar factura a los populares en las urnas el 24 de mayo.

Por el contrario, uno de cada cuatro vecinos respalda el controvertido planteamiento de alcanzar una solución negociada alejada de los siempre inciertos juzgados. Asimismo, cabe destacar que uno de cada cinco ciudadanos prefiere no manifestarse a este respecto.

Los adultos de 45 a 64 años son el grupo de edad que más se opone a la concesión de la licencia definitiva a las instalaciones, seguidos de los jóvenes, entre los cuales el rechazo alcanza a la mitad. Con respecto al recuerdo de voto, los más reacios a la solución del Ayuntamiento son los electores de IU (63,9%), seguidos de los del PSOE (48,7%), mientras que llama la atención que entre los simpatizantes populares superan en 20 puntos los críticos a los que respaldan la recurrida decisión.