El juicio por la muerte de un matrimonio de Villafruela durante una fumigación en la casa de un vecino, hace casi 4 años, se celebrará la primera quincena de septiembre, si no hay novedades procesales o sociales que motiven una modificación de la agenda, sobrecargada debido a las múltiples suspensiones generadas por la pandemia que se unen a la carga de trabajo habitual de los tribunales.
La causa por homicidio por imprudencia ha recaído en el Juzgado de lo Penal número 2. Allí tuvo entrada el pasado octubre, procedente de Lerma, y unas semanas después se fijó la fecha. Además de los asuntos que tuvieron entrada antes y de los que han tenido que se reprogramados, desde el juzgado «se ha tenido en cuenta la gravedad del delito que se juzga» y su complejidad, que hace preveer que requiera al menos de dos sesiones para la celebración de la vista oral, explican desde el Gabinete de Comuniación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en respuesta a la consulta formulada por este periódico.
El hijo del matrimonio fallecido, Fernando Maté, expresó hace unos días en este periódico su queja por la tardanza en señalar la vista -7 meses- y la necesidad urgente de la familia de poner fin a «una instrucción lenta y dolorosa» que no hace sino aumentar su drama. Según explican fuentes judiciales, sí existe fecha de juicio, pero aún no se ha dado salida a la comunicación a las partes. «En breve será dictado el auto correspondiente de admisión de prueba, así como la diligencia de señalamiento del juicio, momento en el cual, se enviará al Servicio Común de Ordenación de Procedimiento para que empiecen a prepararse las pruebas», explican desde el TSJ.
José Luis Maté y María del Carmen Perdiguero fallecieron el 16 de mayo de 2017, tras inhalar gas tóxico -fosfina- durante cuatro días, que se filtró por las paredes de un inmueble contiguo a su casa que estaba fumigando. Se sentarán en el banquillo 6 personas:Francisco Javier L.S., director comercial de la empresa que fumigó el domicilio vecino al de las víctimas; José Manuel G.C., director técnico de la firma; Patricia G.B., delegada de la compañía en Valladolid; Abel. P.S., técnico responsable de la fumigación; Diego M.M., aplicador responsable, y Enrique T.F., ayudante. Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares piden para cada uno de ellos 6 años de prisión como autores de dos homicidios por imprudencia. Además, reclaman cerca de un millón de euros en indemnizaciones, por lo que también está en la causa la aseguradora de la compañía que realizó los trabajos.