Dos de cada diez asalariados en la provincia de Burgos declara unos ingresos anuales por debajo o iguales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, por contra, son apenas 230 los que multiplican por 10 o más este umbral oficial de supervivencia económica, superando los 200.000 euros declarados al año. Si se echa la vista atrás, la precarización del empleo y la temporalidad son una realidad creciente en la provincia: en una década se han disparado los empleados de la parte baja de la escala salarial, la más cercana al SMI (o por debajo del mismo) y, por contra, los perceptores de grandes nóminas han mermado hasta quedar reducidos a casi una quinta parte de los que se contabilizaban en 2009.

El debate abierto en torno al SMI no solo visualiza la cantidad de gente que habita en el límite de la supervivencia económica saltando de empleo en empleo o alternando trabajo y paro, sino también las grandes distancias de ingresos por generaciones, lo que provoca que un jubilado perciba hoy el doble que el joven que entra al mercado laboral y cuyas cotizaciones son las que sostienen el sistema público de pensiones.  

Por el momento, y a la espera de actualización de datos por parte de la Agencia Tributaria (AEAT), solo es posible conocer la escala salarial en Burgos del año 2019, cuando el SMI estaba fijado en 12.600 euros al año y no había sufrido los aumentos aplicados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Actualmente son 13.300 anuales (950 euros al mes) y sobre la mesa se negocia estos días entre Gobierno, patronal y sindicatos unas subidas que oscilarían entre los 14.168 y los 14.658 euros al año, es decir, entre 1.012 y 1.947 euros al mes.

(Más información en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos)