La jueza del 1 de Villarcayo considera en un auto notificado el pasado día 1 que «se desprenden suficientes indicios de responsabilidad criminal contra José Luis Azcona del Hoyo», debido a que con las decisiones adoptadas en 2017 y 2018 pudo «favorecer a la Sociedad de Caza El Hornedo de Trápaga» y cometer hechos que «pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa», como planteaba en su querella el concejal de Iniciativa Merindades, Juan Carlos Izaguirre. En 2017, como alcalde pedáneo de Quisicedo firmó un escrito de cesión de los derechos cinegéticos de parcelas rústicas de esta junta vecinal y de sus vecinos en favor de la sociedad de caza «sin que hubiera un acuerdo previo de la junta vecinal» y en 2018 también firmó la cesión de derechos cinegéticos de parcelas propiedad del Ayuntamiento «igualmente, sin contar con el acuerdo de dicho Ayuntamiento», en ambos casos por un periodo de diez años hasta 2028.
Mucho antes, la junta vecinal de Quisicedo acordó ceder sus terrenos a la de Quintanilla del Rebollar para poder completar un coto de caza de 1.337 hectáreas. La primera cesión, que no se discute, abarcaba el periodo de 2008 a 2019. Pero antes de que concluyera este plazo se tramitó un cambio de titularidad de este coto en favor de la Sociedad de Caza El Hornedo de Trápaga, a la que en 2017 y 2018, Azcona cedió por un nuevo periodo de diez años los mismos terrenos, que superan las 500 hectáreas, si se cuentan las parcelas rústicas de la pedanía de Quisicedo y las de sus vecinos, así como las del Ayuntamiento de Sotoscueva.
La jueza, que ha dictado un auto de transformación en procedimiento abreviado y lo ha trasladado al fiscal y a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando sus escritos de acusación o de sobreseimiento, considera que «esta cesión se llevo a cabo de manera directa, impidiendo que otros cotos hubieran podido acceder a la licitación de las parcelas y... favoreciendo a la Sociedad de Caza El Hornedo de Trápaga». En el mismo caso también se investiga al presidente de esta sociedad, F.T., por un posible delito de falsedad documental, al haber presentado ante Medio Ambiente «la declaración de cesión de todos los terrenos, tanto privados como patrimoniales de la junta de Quisicedo y del Ayuntamiento de Sotoscueva, a sabiendas de que la misma no se ajustaba a la realidad, puesto que no existía ningún acuerdo, ni de la junta de Quisicedo ni del Ayuntamiento de Sotoscueva».
Administrativo y no penal .Frente al auto de la jueza, el fiscal ha contestado que «no estando acreditado un comportamiento arbitrario por los investigados, ni acreditado un perjuicio manifiesto para las arcas de Quisicedo, procede el sobreseimiento provisional» y avanza su «renuncia de manera expresa a formular acusación, aún cuando se abra juicio oral» y el asunto se juzgue. El fiscal sustenta su tesis en que «el procedimiento seguido por José Luis Azcona, para ceder los derechos de aprovechamiento cinegéticos a la Sociedad de Caza El Hornedo de Trápaga puede ser nulo, pero no es cierto que dicho proceder no quede amparado por ninguna interpretación de la normativa».
Indica el fiscal que «la mera ilegalidad de un acto administrativo o la omisión, no es suficiente para considerar que ese proceder es constitutivo de un licito penal» y que ello «supondría anular de facto la práctica intervención de control de los tribunales de lo Contencioso Administrativo, ampliando de manera desorbitada el ámbito del derecho penal».