La decisión de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de anular el listado de aprobados de la oposición de Medicina Familiar y Comunitaria celebrada en 2016 ha dejado en el limbo legal a treinta médicos de la provincia que, según el dictamen judicial, han perdido la plaza de la que tomaron posesión hace más de un año. El TSJ informó el lunes del fallo y los sindicatos celebraron ayer reuniones de urgencia para tratar de concretar los próximos pasos, ya que los profesionales quedan en una situación de total incertidumbre: ni siquiera saben si pueden presentarse a la próxima oposición porque, hasta que no se les notifique lo contrario, ya son titulares de una plaza.
Como ya se avanzó ayer, el TSJ ha estimado el recurso interpuesto por un opositor contra la resolución de diciembre de 2016 en la que el tribunal calificador hacía público el listado de personas que habían superado la oposición para acceder a una plaza de personal estatutario fijo en la categoría de licenciado especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. En el recurso se alegaba, y así lo ha estimado el TSJ, que se incumplieron las bases de la convocatoria al rebajar el número de aciertos necesarios para aprobar. Es decir, en la convocatoria se especificaba que había que contestar de manera correcta el 50% de las preguntas del examen, que constó de 90. Sin embargo, hubo que anular 17 preguntas y, entonces, se interpretó que el aprobado debía fijarse en 41 aciertos en lugar de 45.
Los magistrados han concluido que las bases «vinculan tanto a la Administración y a sus órganos calificadores como a los aspirantes [...] no pudiendo dejarse sin efecto por ninguna de las partes en virtud de hipotéticas facultades interpretativas».
La Consejería de Sanidad, también condenada a pagar 2.000 euros en costas, todavía no ha informado sobre si recurre ante el Tribunal Supremo -que tardaría años en dictaminar- ni se ha dirigido al centenar de profesionales afectados en toda la región para aclarar en qué situación laboral quedan y qué alternativas tienen ahora.
Pero, de entrada, estos médicos de cabecera explican que el 15 de marzo acaba el plazo para inscribirse en las oposiciones que se celebrarán este año, con 700 plazas convocadas, porque hasta que no se ejecute la sentencia ellos siguen siendo titulares de una plaza y no pueden optar a otra.
Esta incertidumbre se extiende al inminente concurso de traslados, al que no solo es que el centenar de afectados de la región por esta sentencia no sepan si pueden optar, es que tampoco lo saben quienes aprobaron en oposiciones anteriores porque ahora hay decenas de plazas en el aire. «Es todo un caos», señalaban especialistas de Burgos afectados, que por ahora prefieren no identificarse.
Representantes de varios sindicatos explicaron ayer que van a esperar a ver qué hace la Junta, si recurre o no, para decidir si presentan recursos de casación. No solo por el hecho de que esta treintena de profesionales (o el centenar de la región) pierdan su plaza, sino porque desde que tomaron posesión hasta ahora han perdido oportunidades de ganar puntos de cara a otra oposición.