Agentes de la Guàrdia Urbana han llevado a cabo la madrugada de este miércoles el desalojo de los acampados en plaza Universitat de Barcelona desde hace 22 días para reclamar que cesara "de forma inmediata la represión" en Cataluña tras los actos de protesta contra la sentencia del 1-O. Dos personas han sido detenidas durante el desalojo, por presunto atentado contra la autoridad y no se han realizado otras identificaciones, después de que los Mossos d'Esquadra identificaran el sábado a un total de 117 personas.

Un amplio dispositivo de la Guàrdia Urbana se ha desplazado a la zona y los agentes han comenzado a retirar las tiendas de campaña y el material que los congregados habían instalado en la zona como cartelería y vallado.

Los agentes de los Mossos d'Esquadra se han encargado de regular el tráfico en la zona durante los trabajos, mientras que los agentes de la Guàrdia Urbana han establecido un cordón policial para impedir que los desalojados pudieran acceder de nuevo a la plaza.

La Policía desaloja a los acampados en plaza Universitat - Foto: EUROPA PRESS

Tras el desalojo, los servicios de limpieza del Ayuntamiento han empezado a retirar los restos de la acampada para despejar completamente la zona. Sobre las 07,30 de la mañana de este miércoles, había dos furgonetas de la Guardia Urbana en la plaza y el tráfico circulaba con normalidad, después de que se reabrieran las calles de la zona, como la Gran Via, sobre las 03,30 de la madrugada.

Colectivos juveniles y de estudiantes iniciaron el pasado día 30 de octubre la acampada, con más de una cuarentena de tiendas de campaña y unas 200 personas en el momento inicial. Una iniciativa con la que pedían "parar de forma inmediata la represión contra los miembros de una generación" que había salido a la calle en protesta por las condenas del 1-O y que se depuraran responsabilidades en los cuerpos policiales.

En un manifiesto, en el que se definían como la generación 14 de octubre, explicaban que adoptaban esta medida para exigir responsabilidades a los políticos para garantizar un futuro digno y advertían que no tolerarían "100 años de prisión por ejercer sus derechos", en referencia a las condenas para los líderes independentistas condenados por el 1-O.

En el texto, además, se lamentaba la "criminalización sin precedentes" por parte del Estado desde la publicación de la sentencia del 1-O y se pedía al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, condenar "la represión y la violencia policial" y sentarse a negociar un referéndum de autodeterminación.