Nadie se sale del guión. Los ‘populares’ del Ayuntamiento de Burgos mantienen erguido el dedo de señalar y apuntan al nuevo ejecutivo de Daniel de la Rosa, al que lo mismo acusan de haber paralizado la ciudad en cuatro días que le afean estar arrogándose éxitos de gestión que en realidad le pertenecen a sus predecesores. En el PSOE, por su parte, cuentan que la debilidad del anterior equipo de gobierno, partido en dos por las luchas intestinas, ha legado un Ayuntamiento debilitado y encasquillado.

En paralelo, los hechos demuestran que áreas cruciales para un buen funcionamiento de la administración están mal dotadas de medios, personal o las dos cosas. Si a eso se le suma lo dicho en el párrafo anterior, el brebaje está servido. En medio, los ciudadanos, que son los que acaban bebiendo de una copa envenenada.

Un ejemplo de la situación actual es lo que sucede con multitud de contratos, más aún cuando afectan a servicios o suministros nucleares para la ciudad. Así está ocurriendo con el de recogida de basuras y limpieza viaria. El PSOE quiere mejorar su dotación económica para actualizarlo a las necesidades de la capital. Algunos grupos como Ciudadanos ya han dicho que lo van a bloquear. Otros, como el propio PP, saben que dinamitar la casa no parece el camino más ponderado. Ni más rentable.

Es el mayor contrato de la ciudad, de ahí su importancia, pero no es el único que está encallado. De hecho, el equipo de gobierno de De la Rosa ha localizado ya más de 30 contratos cuya vigencia ha expirado, han agotado las prórrogas -si las había- y están siendo pagados con reconocimientos extrajudiciales de crédito. Es viable, pero no aconsejable. Cuando la administración no tiene un contrato al que acudir, el mango de la sartén pasa a estar en mano ajena y el sartenazo está servido. En ese listado hay cuestiones de escasa trascendencia y otras muy relevantes.

Ahora se está agilizando su salida a licitación, pero hay mucho trabajo pendiente. La última junta de gobierno (el pasado jueves) aprobó los pliegos para licitar el mantenimiento de los ascensores, los servicios del cementerio (15 personas en plantilla), el cuidado de las fuentes ornamentales, el de los bancos de la ciudad o las áreas de juegos infantiles. Algunos están iniciados en 2018 y todavía no se han publicado. Ocurre con los servicios postales, el suministro de mezclas para asfaltado y reparaciones, la gestión de todo el tráfico de la ciudad (que lleva dos años en el limbo), la reparación de fachadas, los servicios de la OMIC y hasta el procurador en los tribunales. Y dos más de mantenimiento de sistemas informáticos.

organismos independientes. En este año, y aún sin resolver, se iniciaron los del mantenimiento de impresoras o alquiler de maquinaria, así como el suministro de áridos, hormigón, cierres metálicos, vestuario de Policía Local... Todos están sin resolver. «Estamos preocupados, hay demasiadas cosas pendientes», contaba la vicealcaldesa, Nuria Barrio, al término de la junta de gobierno que desbloqueó cinco casos.

El problema no alcanza sólo a la ‘casa madre’. Los organismos independientes, cuya condición obedece a que se suponía que iban a ser más ágiles, andan con la casa sin barrera. En el IMC están pendientes los contratos de la Escuela Municipal de Música, el alquiler de naves de las carrozas y hasta el mantenimiento de las fotocopiadoras. Peor está la Gerencia de Servicios Sociales. No hay contrato en vigor del servicio de ayuda a domicilio, el programa de erradicación del chabolismo, los cuidados a la infancia, el servicio de urgencia social, la casa de acogida de mujeres víctimas de violencia de género, la gestión de los cívicos o incluso el propio centro de creación musical (Hangar), al que se le ha puesto un parche con un contrato menor de un año para evitar el cierre.

En Movilidad las cosas quedaron mucho mejor, pero no hay contrato para la vigilancia de la carretera Poza. En Deportes tampoco existe convenio para la gestión ‘externalizada’ del Esther San Miguel, las máquinas expendedoras de tickets o el suministro de algunos productos químicos. Además de los mencionados, en el último meses han salido a licitación la seguridad privada de todos los edificios municipales, el cuidado de las fuentes, el servicio Bicibur, el suministro de materiales de construcción o la gestión de los escombros generados por Vías Públicas.

Al margen de consideraciones políticas y del daño que hayan podido hacer las tensiones internas, que también afectaron a la relación del equipo de gobierno con algunos empleados municipales con capacidad para lastrar a un gobierno, hace dos años se produjo un cambio de la Ley de Contratos del Sector Público que complicó seriamente la tramitación de estos acuerdos.

(Artículo completo en la edición de hoy)