El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido por fin sacar a subasta el edificio de la vieja Subdelegación del Gobierno, un propósito que se anunció hace ahora un año y que todavía no había pasado de ahí. Ahora, en cambio, se acaba firmar el documento que permite reiniciar el proceso, pero todavía no hay fecha acerca del comienzo del plazo de presentación de ofertas ni tampoco sobre los pormenores de la venta, cuyo anuncio tendrá que publicarse primero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y también en el de la Provincia (BOP). Lo que sí está claro desde hace tiempo es que el precio de partida del número 12 de la calle Vitoria (esquina con la calle Toledo) será de 2,5 millones.

Ese fue el valor que le dio la tasación oficial encargada por el Gobierno el año pasado, cuando se decidió incluir en el Plan de Ventas del Sector Público diseñado por el Ministerio de Hacienda el céntrico inmueble que durante lustros fue sede del Gobierno Civil y luego de la Subdelegación. La intención entonces era empezar el proceso de enajenación en otoño de 2013, pero a medida que se acercaba la fecha se decidió posponerlo. En un primer momento se indicó que se había decidido esperar a que el sector inmobiliario remontara un poco, pero después se especificó que el motivo principal del aplazamiento era un cambio de usos previsto en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la capital; cambio que abría la puerta a la construcción de viviendas en un bloque que hasta la entrada en vigor del documento urbanístico solo tenía uso terciario (para oficinas).

Esta modificación permite que el edificio, ya privilegiado por su ubicación, tenga una mejor salida en el mercado. Y a esto hay que añadir que el número 12 de la calle Vitoria tiene cinco plantas de entre 340 y 360 metros cuadrados, además de semisótano de similar superficie y un ático de dimensiones algo más reducidas. Pero si bien es cierto que la ubicación y los más de dos mil trescientos metros cuadrados de superficie son puntos a favor, tampoco puede obviarse que el comprador tendrá que hacer una inversión significativa en la remodelación de un bloque que lleva más de siete años cerrado. La Subdelegación se trasladó a la sede actual, el antiguo Banco de España, en diciembre de 2006 y, desde entonces, se han barajado muchos usos, pero ninguno llegó a prosperar.

El más solvente fue el que pretendía reconvertirlo en sede de la Demarcación de Carreteras después de una remodelación integral, un proyecto para el que incluso se llegó a pedir licencia en el Ayuntamiento pero que se frustró en el momento en el que el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro encargó a todas las delegaciones un inventario de los bienes. Teniendo en cuenta que el coste de la reforma era de cuatro millones de euros de entrada, más otro por el incremento del IVA al 21% (5.142.000 euros en total) y que, en cambio, el Estado ahora no paga nada al Ayuntamiento por la ocupación del edificio de la avenida del Cid, se decidió cambiar de planes e incluir esta propiedad en el extenso listado de bienes susceptibles de ser puestos a la venta.

En concreto, el año pasado se anunció la intención de lanzar al mercado inmobiliario medio centenar de propiedades adscritas o pertenecientes a distintos organismos estatales. Es decir, que en ese largo listado publicitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de su página web figuraban parcelas o inmuebles pertenecientes al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). En este caso, lo más llamativo eran dos inmuebles ubicados en el solar de la antigua Comandancia de Obras en la calle La Puebla o una parcela afectada por el vial de Santa Bárbara, abierto hace unos años por el Ayuntamiento para conectar Gamonal norte con la calle Vitoria.

Otro organismo que aportaba diversos bienes tanto en la capital como en la provincia era el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que pretendía deshacerse de 28 viviendas, varias de ellas ubicadas en la calle Conde Gualdalhorce, junto a la antigua estación de trenes. Este organismo también ofrecía en la web diversas estaciones, entre ellas la de Merindad de Cuesta Urria, que sí ha sido adjudicada. Sin embargo, entre enero de 2013 y mayo de 2014, el Estado apenas ingresó 900.000 euros por la venta de 359 fincas rústicas ubicadas en distintos puntos de la provincia.