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Nuclenor planifica la parada definitiva de Garoña este mes

A. Castellanos / Garoña
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Puntilla. Una enmienda del PP en el Senado a la nueva ley de medidas fiscales para las eléctricas obligaría a Garoña al pago de un impuesto millonario por extraer el combustible del reactor en 2013

Nuclenor quiere evitar los impuestos que gravarán el traslado del combustible gastado e irradiado del reactor (con agua azul turquesa a la derecha) a la piscina de almacenamiento ubicada en el mismo edificio de contención. - Foto: DB

Una de las enmiendas introducidas por el Partido Popular en la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética durante la Comisión de Industria celebrada en el Senado el pasado martes por la tarde encendió todas las alarmas en Nuclenor. Tras analizar las consecuencias de esta enmienda que ya hace «absolutamente inviable económicamente a la central», la dirección de Garoña se puso ayer manos a la obra para planificar una posible parada definitiva del reactor a mediados de este mes, entorno al día 16 concretamente, con la vista puesta en evitar el pago de un millonario impuesto por la producción de residuos nucleares que entrará en vigor el próximo 1 de enero, si el Congreso no rechaza los cambios introducidos por el Senado en el proyecto de ley que determinará la nueva fiscalidad de las eléctricas. Precisamente, porque aún cabe la posibilidad de que el Congreso rechace estos cambios, desde Nuclenor señalaron ayer que «la decisión no está tomada», aunque ya casi nadie espera más modificaciones en una normativa criticada por el PSOE por su «afán recaudatorio» y con la que el Gobierno prevé ingresar más de 2.700 millones de euros anuales.

Los directivos de Nuclenor mantuvieron en la mañana de ayer una larga reunión tras la cual trasmitieron esta situación a los miembros del comité de empresa y al resto de trabajadores a través de sus jefes de equipo con el fin de ir planificando las tareas de la parada definitiva del reactor. El matiz en el texto de la ley que obligaría a Nuclenor al pago de «millones de euros» es el relativo al «periodo impositivo», que según explica una de las enmiendas introducidas por el PP no concluirá cuando las centrales nucleares dejen de producir electricidad y paren sus reactores, sino que «cesa cuando se haya producido el cese de las actividades que constituyen el hecho imponible, es decir, la extracción del combustible gastado del reactor y el almacenamiento de los residuos radiactivos de operación en la propia central».

Este hecho conlleva, que si Santa María de Garoña continúa operando hasta el próximo mes de julio, tal y como está autorizada,  la nueva normativa le obligará a pagar 2.190 euros por cada kilogramo de metal pesado (uranio y plutonio) contenido en el combustible nuclear gastado que se extraiga definitivamente del reactor para su trasvase a la piscina una vez que éste haya parado. En cambio, si el reactor se detiene definitivamente a mediados de este mes y antes de que acabe el año y entre en vigor la nueva ley, se extrae todo el combustible gastado del reactor, Nuclenor evitará el pago del nuevo impuesto. Hasta ahora, Nuclenor había cuantificado el impacto de este impuesto solo durante el tiempo que estuviera generando electricidad, pero no con el reactor una vez parado.

En el caso del resto de centrales nucleares, a las que cada vez que se produzca una parada de recarga de combustible, les afectará el nuevo impuesto, los costes serán menores, porque en ellas se sacan del reactor entre un tercio y un cuarto de todos los elementos combustibles, que se sustituyen por otros nuevos para que la planta siga funcionando. Pero al tratarse de un cese definitivo, Nuclenor pagará por la extracción del reactor del cien por cien de sus elementos combustibles, algo que afectará a medio y largo plazo al resto de nucleares.

El matiz sobre el periodo impositivo realizado en el trámite de la ley en el Senado ha sido toda una sorpresa y un cambio que no da tiempo a amortizar en los seis meses que apenas le quedan de autorización a Garoña para seguir funcionando. A ello se sumaría un impuesto a la producción de electricidad del 7 por ciento, un punto más de lo previsto inicialmente, así como otros nuevos impuestos.

Primero la seguridad

Ante esta situación, solo una modificación in extremis de la nueva ley en el pleno del Senado, al que irá el próximo lunes, día 10, o en el pleno del Congreso, que tiene capacidad para rechazar todas las propuestas del Senado y donde se votará antes de que acabe el año, podrían implicar un cambio de rumbo en los pasos que Nuclenor comenzó ayer a planificar. Desde la planta aseguraron que «la primera prioridad será la seguridad y cumplir escrupulosamente la normativa». Asimismo, una vez que la decisión sea definitiva se informará al Consejo de Seguridad Nuclear, como es preceptivo, para que supervise todas las tareas asociadas a la parada definitiva del reactor.

Los datos

473

trabajadores de las 51 empresas subcontratadas por Nuclenor serán los primeros en verse afectados por la posible parada definitiva del reactor. Casi todos los contratos de estas firmas acaban el 31 de diciembre.

112,6

millones invirtió Nuclenor en el Proyecto Garoña 2019 entre los años 2003 y 2009, en que se intensificó la modernización de la central con la vista puesta operar más allá de los 40 años.

98,8

millones de euros era el coste de las inversiones necesarias para renovar el permiso de funcionamiento e implantar las nuevas medidas de seguridad Post-Fukushima.