«Imposible». «Tiene que ser un error». «De ningún manera». «Para nada es cierto». Los alcaldes de los 6 municipios de Burgos que encabezan la lista oficial del Ministerio de Hacienda como los que más tardan en pagar a sus proveedores niegan esos datos y aseguran tener sus ayuntamientos prácticamente al día. Al contrario, muchos de ellos disponen de más dinero del que se les permite gastar, al menos hasta la fecha.
Según los datos del Estado, hay 61 localidades (municipios y entidades locales menores) que superan el plazo legal máximo de 30 días establecido para hacer frente a las facturas de contratistas y empresas de servicios. El resto, hasta los 293 núcleos de población, pagan en menos de un mes, según los datos de septiembre. En total, la cantidad pendiente de abonar se acerca a los 12 millones de euros, si bien es cierto que más de la mitad, 6,68 millones, corresponde al Ayuntamiento de Burgos capital, otros 1,44 a Miranda de Ebro y 1,161 a la Diputación de Burgos. Por tanto, quedan 2,25 millones a repartir entre 291 entidades, lo que da una media de 7.731 euros de deuda cada una. «A lo mejor no es significativo el importe para el conjunto del país pero que no seas tú el que está cobrando a 600 días. Es un problema para todos y cada uno, no en conjunto. Sí que es representativos para esa pyme, para el fontanero, el que instala las luces...», recalca Pilar Ferrer, directora ejecutiva de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
No obstante, sí reconoce que en el sector público «se ha mejorado» mucho gracias a las últimas legislaciones y a los planes de pago a proveedores que se impusieron. Son precisamente esas medidas de contención del gasto las que ahora hacen que muchos ayuntamientos, como los 6 en teoría más morosos, puedan presumir «de eso, de tener dinero», explica Félix Tejero, alcalde de Cogollos tras las últimas elecciones. «Nunca me han reclamado una factura», recalca para apuntar que ha cerrado el ejercicio 2020 «con todo pagado», pese a que en la lista de Hacienda aparece como el cuarto de Burgos que más tarda en pagar, con 308 días de media, y 26.220 euros pendientes. El arreglo de la calle Real y el consultorio, las dos últimas obras que han realizado, están ya liquidadas.
Encabeza la lista el Ayuntamiento de Mamolar. Su alcalde, Isidro Bartolomé, cree que los 19.680 euros citados pueden corresponder al desacuerdo que mantienen con una empresa de la zona por un trabajo con el que no acabaron conformes. «Todo lo demás está pagado. Siempre tenemos dinero en cuenta», recalca. La ampliación de la red eléctrica, unos 26.000 euros, también está liquidada.
En La Gallega acaban de remodelar de arriba a abajo la Casa Consistorial. Una obra de más de 200.000 euros que ya está finiquitada. «Tenemos el Ayuntamiento saneado y con remanente», presume su regidor, Francisco Peñas, que tiene previsto pavimentar calles. Sin embargo, está en la oficial lista de morosos por 1.690 euros.
Pedro Saiz, alcalde de Arija, tampoco se explica su presencia en las primeras posiciones, con 50.000 euros. «No debemos nada, ni de obras, ni de planes provinciales», recalca. Haciendo memoria, recuerda una factura en trámite de anulación por un trabajo no realizado, pero el resto están, «no al día pero sí en plazo».
A Idoia Ruiz, de Rabanera del Pinar, los 635 días que dice Hacienda que su municipio tarda en pagar le parecen «una barbaridad» que, tras consultar con el secretario, niega. «Lo que está hecho está pagado», recalca la alcaldesa y pone como ejemplo la primera fase de la pista deportiva-frontón que acaban de ejecutar. La segunda se financiará con subvenciones y fondos propios.
Ni 4 días tardó en pagar el Ayuntamiento de Mambrillas de Lara una de las últimas inversiones del municipio, la zona recreativa de Quintanilla de las Viñas. «Pagamos superrápido», explica Jesús Ibáñez, porque él mismo acudió personalmente a la sucursal a realizar el ingreso. «Se certificó el 20 de noviembre y ese mismo día nos llegó la factura. Se celebró pleno para aprobarla y se pagó el 23», detalla casi indignado por aparecer de manera injusta en este listado del Ministerio. «No sé de dónde salen esos datos», se queja. «Llevamos 10 años en los que tenemos superávit, que no nos dejan gastar», concluye. Un clamor en toda la provincia.