Hay obras prescindibles y obras necesarias. La ampliación del Palacio de Castilfalé pertenece al segundo grupo. El palacio renacentista que alberga las instalaciones del Archivo Municipal no da más de sí. Hace años que no recibe documentos (salvo los históricos) porque sus dependencias están saturadas. No se articuló nunca una solución intermedia y su ampliación hacia la parcela aledaña estuvo años enquistada por la necesidad de hacerse con el terreno, una propiedad muy atomizada por las herencias que acabó costando 180.000 euros a la ciudad.
El acuerdo político sobre la pertinencia de esa ampliación es total. Y la solución parecía cercana cuando, a finales de 2017, se lanzó el concurso público, dotado con 200.000 euros, para la contratación de la redacción y dirección de obra del nuevo bloque, inserto al tiempo es una zona extraordinariamente sensible de la ciudad, al pie del Camino de Santiago y de la Catedral de Burgos y comunicado con el Palacio.
Al concurso se presentaron 14 propuestas, de las que siete se cribaron como finalistas. El jurado determinó que la mejor fue la de los arquitectos valencianos María Dolores Contell Jurado y Juan Miguel Martínez López, el mismo equipo que diseñó la rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril.
Se firmó el contrato y los técnicos comenzaron a trabajar tanto en el solar (catas arqueológicas) como en los planos. Pero se presentó un recurso. Lo firmaba un arquitecto zamorano, Daniel Fernández-Carracedo, que en realidad trabaja para el arquitecto burgalés José María Manero Torres, hermano del secretario general del Ayuntamiento de Burgos.
El recurrente argumentaba que la propuesta ganadora obligaba a la elaboración de un estudio de detalle de la parcela (ordenación de los edificios en el solar, alturas...) y eso contravenía las bases del concurso, ya que en las mismas se especificó que los proyectos debían ceñirse a lo establecido en el Plan General con respecto a ese solar, entendiendo que el citado documento supondría una modificación de esas prescripciones.
Ese recurso supuso la paralización de facto del proyecto y, a la postre, la resolución del contrato. Fue informado por una técnico jurídico municipal del área de Fomento, que aceptó los argumentos del recurrente y estimó el recurso. No obstante, la misma técnico consideró necesario que el departamento de Planeamiento, que es el acreditado para conocer cuestiones relativas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), informara al respecto. Y lo hizo. Lo hizo su jefe, para más señas. Ese informe resultó demoledor... para los recurrentes (posteriormente se sumaron otros dos escritos de profesionales que también habían perdido el concurso apoyando las tesis del arquitecto del estudio de Manero Torres).
lo sabían y era aceptado. El jefe de Planeamiento tumbó de forma contundente tanto el recurso como el informe de la jurídico. Así, acreditó que la necesidad de un estudio de detalle no incumple las bases puesto que cumple fielmente el Plan General, ya que dicho Plan («y no es casual, sino consecuencia del conocimiento municipal de que surge -la duda- de forma generalizada») se establece expresamente que para los equipamientos culturales se podrá contemplar un estudio de detalle sin que eso conculque lo planificado. Y dijo más.
Por ejemplo, quedó acreditado que la necesidad de ese estudio de detalle fue algo «conocido y convenientemente valorado por el jurado» durante las deliberaciones del mismo. Es más, se advierte que la votación del jurado se produjo «partiendo de la convicción de que resulta posible una solución que requiere redacción y trámite de un estudio de detalle». Pues bien, la técnico que estimó el recurso actuó como secretaria de ese jurado, por lo que estuvo en todo momento informada de lo que allí se dijo. A más, también se acredita que durante las visitas de los arquitectos interesados a la parcela de la ampliación, los técnicos municipales admitieron que se podían presentar propuestas que requirieran de un estudio de detalle.
Por si eso no fuera poco, resultó también demostrado que 12 de las 14 propuestas presentadas al concurso requerirían la elaboración y aprobación de un estudio de detalle para poder ser ejecutadas, incluyendo la del arquitecto recurrente. «Hay licitadores que son conscientes y de un modo honesto lo exponen, y otros que parecen no ser conscientes y proponen volúmenes y alineaciones» que obligarían a ese estudio de detalle.
A pesar del informe del jefe de Planeamiento, el gerente de Fomento decidió admitir únicamente los argumentos de la técnico jurídico y, sin siquiera aludir a los criterios del funcionario acreditado en materia de Plan General, decidió admitir el recurso y paralizar definitivamente la ampliación.
estupefactos. Los arquitectos adjudicatarios explican que este ‘curioso’ proceso «va en contra de la resolución de un jurado en el que los temas puestos en tela de juicio fueron discutidos e incluso valorados positivamente» y «va en contra de los intereses de la ciudad de Burgos», ya que lo de Castilfalé no es necesario. Es imprescindible y urgente.
Contell y Martínez no entran en detalles, pero sí creen que «llama la atención que la Gerencia de Fomento haya estimado de manera extemporánea ese recurso» y «nos parece extraño también que la resolución admita un recurso en el que el recurrente adolece de lo mismo que reclama, lo que sorprende más si cabe cuando esta resolución se toma en contra del informe del jefe de Planeamiento, que pide la desestimación del recurso y la validez del proyecto que se estaba redactando».
Como consecuencia de estos hechos, el estudio valenciano ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Burgos que revise todo el procedimiento. «Deseamos continuar con nuestra redacción del proyecto», motivo por el que «hemos valorado nuestras opciones y actuaremos legalmente como proceda», remachan. (Más información en edición impresa)