La tramitación de las denuncias por no usar mascarillas o hacerlo de manera incorrecta se ha convertido desde finales de octubre en un problema que trae de cabeza a muchos pequeños municipios y a sus responsables, puesto que además de suponer un trabajo añadido en ayuntamientos ya de por sí cortos de personal genera situaciones incómodas, cuando no amenazantes, para los alcaldes, que son los que firman los decretos con la sanción. Hasta tal punto que alguno de los consultados por este periódico reconoce que ha optado por no dar curso a las denuncias y evitar así males mayores.

«Yo no me atrevo a gestionar eso. ¿Quién lo hace en un pueblo pequeño? Te rajan las ruedas», asegura la alcaldesa de una localidad que supera por poco los 100 habitantes y que se ve impotente también a la hora de hacer cumplir la normativa de prevención de la covid-19 en otras instalaciones municipales, como por ejemplo el bar. «Entran clientes sin mascarilla y el hostelero tiene que tragar por no buscarse un problema. La gente es muy cazurra pero no te puedes enfrentar a ellos, porque te ves solo», detalla.

El Decreto-Ley 10/2020, de 22 de octubre, de la Junta de Castilla y León concede a los alcaldes la potestad sancionadora ante el incumplimiento de las medidas de contención de la covid-19 en sus términos municipales. El alcalde de Santa María del Campo, Dositeo Martín, ha sido de los que primeros en levantar la voz ante el cambio de criterio. «Hasta entonces las denuncias las había tramitado el Servicio Territorial de Sanidad», apunta para reconocer que sí las están gestionando, aunque sin mayor empeño. «El que no pague, metemos en un sobre el expediente y a la Diputación», que a su juicio debería ocuparse porque sí tiene los medios adecuados. «Pero no, todo lo malo para los ayuntamientos», se lamenta. Martín ya ha vivido conatos de enfrentamiento personal y quejas de algún sancionado por la Benemérita. «Es el alcalde el que firma y parece como que es el ayuntamiento el que te ha denunciado. Se cabrean y vienen aquí. Pero no vas a la casa del guardia cuando te ponen una multa de tráfico, ¿verdad?», ejemplifica.

Jokin Garmilla, alcalde del Valle de Valdivielso, fue uno de los que contactó a la Diputación Provincial para pedir ayuda con la gestión y la máximo que obtuvo fue una promesa de asesoramiento. «Tenemos un personal muy limitado, al que le come el día a día» de la gestión de un municipio con 14 pueblos y menos de 400 habitantes. Y al que no renta el dinero que puedan recaudar, ya que las multas por mal uso de la mascarilla son de 100 euros, que se quedan en 60 por pronto pago. «No nos compensa a cambio de tener saturado al personal», recalca. Su secretaria ha notificado la denuncia «y a esperar», explica Garmilla, sin conocer exactamente qué pasos deben dar a posteriori. «¿Tenemos que seguir? ¿Y sin capacidad coercitiva?», se pregunta escéptico ante la viabilidad de este mecanismo de tramitación.

En otros ayuntamientos, como el de Salas de los Infantes, no ha supuesto un mayor inconveniente, quizás porque la plantilla municipal está más equilibrada. «Nos las pasa la Guardia Civil y nosotros las firmamos, como las de tráfico», apunta el alcalde, Francisco Azúa.

Petición del PSOE. Por su parte, el Grupo Socialista ha pedido a la Diputación que asuma, a través del departamento de asesoramiento a municipios la instrucción y tramitación de las sanciones que emanen de este decreto en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Para los socialistas, «el esfuerzo que están realizando los regidores de la provincia durante esta pandemia no merece que las administraciones de mayor entidad y con más competencias y recursos les deleguen esta nueva responsabilidad», explica el diputado Javier Lezcano en un comunicado de prensa. 

Aunque la orden del Gobierno Regional contempla el posible soporte a los ayuntamientos mediante encomienda de la diputaciones, el Grupo Socialista lo considera insuficiente y pide a la de Burgos más ayuda que las instrucciones que envió a los regidores el pasado 3 de noviembre, «porque el problema no es solo de tramitación, sino que las sanciones las firman los regidores», lo que puede acarrear «problemas de convivencia», sobre todo en los núcleos más pequeños.

Por otro lado, el viceportavoz socialista reitera al vicepresidente primero de la Diputación, Lorenzo Rodríguez, la petición de que no cobre las mascarillas que adquirió por 200.000 euros la Diputación y distribuyó entre abril y mayo de 2020 a los ayuntamientos que lo solicitaron, entre otras razones, por la gestión «caótica» de su reparto. Insiste en que «se hizo tarde y mal, llegando incluso a acudir a Jaramillo Quemado hasta en dos ocasiones para entregar 10 unidades», sostiene. 

Ocho meses después, «los ayuntamientos afectados continúan sin saber si han de presupuestar este gasto», aunque en principio se les informó de que se iba a cobrar la mitad del coste.