La determinación de las víctimas de violencia de género a la hora de acudir a la Policía y llevar hasta las últimas consecuencias su denuncia es cada vez mayor. Así lo muestran las estadísticas sobre protección a mujeres maltratadas, que en el último lustro ha crecido un 32%, pasando de las 414 que había en junio de 2014 a las 550 que hay en la actualidad, según recogen los datos del Ministerio del Interior sobre el seguimiento integral de casos dentro de la aplicación Viogen. Una subida progresiva que toca máximo histórico en 2019, un año que, hay que recordar, ya se ha cobrado una muerte, la de Monika Asenova, la joven de Salas de los Infantes asesinada por su pareja.
Dentro de estos datos cabe destacar que la mayoría de las órdenes de protección que se dictan son para mujeres que cuentan con un riesgo entre bajo y no apreciado, un nivel marcado por los parámetros del Sistema Viogen según su declaración en la Comisaría. Así, 502 casos están dentro de estas calificaciones, mientras que 39 están en un nivel medio, 8 en alto y uno en extremo. Por supuesto, las medidas de vigilancia varían en función de cada uno de ellos.
Según explica el jefe de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM), Martín Velasco, cuando un riesgo es extremo «la vigilancia es de 24 horas y la colaboración con el grupo de Seguridad Ciudadana, que son los que tienen que estar pendientes de la víctima, es clave». En aquellos casos en los que el riesgo es bajo o no apreciado la protección sigue existiendo, si bien la presencia policial es bastante menor. «Ante esas circunstancias, llamamos una o dos veces al mes y, en función de cómo va evolucionando cambiamos la calificación o, incluso, llegamos a dejarlo como inactivo», matiza.
La Policía también juega un papel importante en la vigilancia hacia el condenado una vez que el juzgado decreta medidas cautelares de alejamiento. «Normalmente, aparte de seguirle los pasos, se trata de intentar hacerle razonar, recordarle que un quebrantamiento le manda directamente a prisión y eso suele funcionar salvo en casos muy concretos», apunta Velasco. Aun así, lamenta que en muchas ocasiones el nivel de «enganche» de la víctima hacia su agresor es tan alto que favorece que se infrinjan las medidas impuestas por el juez. «También se dan situaciones en los que, debido a la gravedad de los hechos denunciados, actuamos de oficio porque la ley nos lo permite», recalca.
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