Olga Antón González (58 años) presumía de tener contactos en todas las Administraciones y, gracias a ellos, prometía enchufes a personas de su ámbito cercano que carecían de empleo y que lo estaban pasando mal. A cambio de sus gestiones para conseguirles el supuesto trabajo les pedía dinero que sus víctimas le entregaban deseosas de un futuro laboral seguro. Pero cuando soltaban la pasta la mujer se volvía un fantasma, igual que la anhelada plaza en el Ayuntamiento, la Universidad o los juzgados. La señora, que en algunas de sus estafas alardeaba de ser afiliada del PPpara aparentar poder -ha sido ya expulsada-, acumula ya cuatro condenas de prisión por ser autora de estos engaños. En los timos ya juzgados había ofrecido puestos de trabajo en el Consistorio, en la UBU y en la Administración de Justicia. Quedaba la Diputación. En el último caso que ha llegado a los tribunales la institución provincial fue la elegida para colocar a la esposa de un conocido. La Audiencia acaba de confirmar el fallo del Juzgado de lo Penal 2, que le impone 7 meses de cárcel.
El marido de la víctima comentó en 2014 a la acusada -con quien en el pasado había tenido negocios- que su mujer lo estaba pasando mal, que necesitaba trabajar. La imputada le dijo que iba a intentar conseguirle algo y a los pocos días quedó con la pareja en el bar Valencia, de Gamonal, porque «igual podía tener un empleo en la Diputación». Pero para ello debían abonarle antes 2.600 euros, a fin de hacer unos cursos con antelación. El matrimonio no tenía esa suma, de modo que la víctima hizo una gestión con dos amigas, quienes le dejaron 2.000 euros. Ella puso los 600 restantes. Pero ni les consiguió el trabajo ni les devolvió el dinero. Pasó un día y otro y el hombre llamó a su conocida para preguntar qué había pasado, a lo que ella le respondió que no se preocupase, que al cabo de unas semanas su esposa tendría el empleo.
Sin embargo, un día leyeron una noticia en Diario de Burgos en la que se hablaba de una estafa «y se referían como autora a una mujer cuyas iniciales coincidían con las de la acusada». Le preguntaron por ello, pero ella no reconoció los hechos. En su declaración en la vista oral, el marido de la víctima admitió que al final ya no le reclamaban el dinero porque sabían que «la acusada lo estaba pasando mal».
La mujer ha sido condenada en otras tres ocasiones por delitos de idéntica naturaleza y acumula tres años y medio de prisión. En el año 2013 la estafadora contactó con una vecina de su pueblo, Villalbilla, que estaba en paro. Le dijo que podía encontrarle un trabajo de personal de servicios en la Universidad de Burgos, pero antes debía darle 700 euros. La denunciante declaró que la acusada le dijo que le conseguiría el empleo «a través de personas del PP». De hecho, la entrega del dinero se produjo frente a la sede. El partido la ha expulsado. Fue condenada a 7 meses de cárcel.
A finales de 2016 otro Juzgado de lo Penal le impuso año y medio de prisión por engañar en 2012 a otra vecina de Villalbilla a la que conocía de haberla visto participar en campañas electorales del PP. Le consiguió sacar 4.000 euros a cambio de procurarla un empleo en los juzgados, donde tenía mano por haber sido miembro de un ente que se inventó y que denominó Comisión de Justicia, Sanidad y Educación. El trabajo no existía.
Pero es que en 2017 fue de nuevo condenada, en esa ocasión a 10 meses de cárcel, por unos hechos ocurridos en 2015. Esa vez su víctima fue un pariente lejano. Le contó en un bar que su nieto estaba en paro. Ella le dijo que no se inquietara, que ella lo solucionaría, le enchufaría de jardinero en el Ayuntamiento de Burgos. Para realizar las gestiones le pidió 3.000 euros, pero tras su entrega el joven no consiguió ningún trabajo.